La pareja de Ayuso intentó desgravarse el alquiler de dos vehículos durante sus vacaciones con la presidenta madrileña
El empresario intentó deducirse ante Hacienda no solo gastos personales como un Rolex o la reparación de su Porsche, también los gastos de alquiler de dos coches durante sus vacaciones con Ayuso en 2021. Además, la Comunidad de Madrid reservó la sala de autoridades de Barajas para esos dos viajes, según revela la Cadena SER
La pareja de Ayuso intentó desgravarse la compra de un Rolex, pelotas de pádel y la reparación de su Porsche
Se conocen nuevos datos sobre el intento de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, de desgravarse gastos personales que Hacienda no considera relacionados con su trabajo. No solo intentó deducirse la compra de un Rolex o la reparación de su Porsche Panamera, también trató de hacer lo mismo con el alquiler de dos vehículos durante sus vacaciones en 2021 con la presidenta de la Comunidad de Madrid aportando facturas a nombre de su empresa, Maxwell Cremona, según revela la Cadena SER.
La misma emisora de radio adelantó este martes que Amador aportó diferentes facturas al fisco que respondían a la compra de un Rolex de 8.700 euros, pelotas de pádel, un saxofón, colutorio, pasta de dientes, hilo dental o champú, entre otros. Ahora se conocen dos gastos más: uno por el alquiler de un coche por valor de 1.036,61 euros en Zagreb entre el 16 y el 22 de agosto de 2021, y otro en Creta, entre el 24 y el 27 de agosto de ese año.
Además, la Comunidad de Madrid reservó para ese mismo viaje la sala de autoridades del aeropuerto de Barajas. Según revela la emisora, la Comunidad de Madrid abonó 290,4 euros por la reserva de la sala de autoridades del aeropuerto de Barajas para esas vacaciones.
La Fiscalía denunció a González Amador el pasado marzo por haber defraudado unos 350.000 euros a Hacienda, por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental. La investigación del fisco reveló que la pareja de Ayuso obtuvo más de dos millones de euros de beneficio en un negocio de compraventa de mascarillas durante la pandemia. Para camuflar estos beneficios y reducir sus impuestos, presentó facturas falsas a Hacienda, que intentó justificar alegando que correspondían a servicios reales de su empresa, Maxwell Cremona, algo que luego reconoció como falso. Según ha informado la cadena de radio de PRISA, también intentó imputar gastos personales a su empresa mediante facturas presentadas a los inspectores.
Pocos días despues, ese mismo marzo, se conoció que González Amador ya había reconocido los hechos ante el ministerio público. El empresario presentó el pacto por escrito antes de que saliera la denuncia para evitar su entrada en prisión a cambio de asumir sus delitos y pagar más de medio millón de euros. Ese ofrecimiento se hizo, según pudo confirmar elDiario.es, a través de su abogado, que mostró la disposición de su cliente a asumir los delitos para alcanzar un acuerdo sobre la pena. La Fiscalía no aceptó el ofrecimiento y presentó la denuncia.
Ahora se ha conocido que, además, el empresario intentó deduducirse estos gastos personales no relacionados con la actividad de su empresa que se mencionan al principio del artículo. Lo hizo entre 202 y 2021. Hacienda suele exigir que un gasto esté relacionado con la actividad de una empresa para considerarlo algo deducible y, en la práctica, un beneficio fiscal por parte de una empresa o un empresario. La empresa de Alberto González Amador, Maxwell Cremona —que facturó 3,7 millones de euros sin tener empleados por cuenta ajena— está dedicada al material sanitario, y el empresario intentó hacer pasar por gastos relacionados con el sector sanitario lo invertido en un reloj, cosmética, coches o instrumentos de música.
La causa contra Alberto González Amador está en fase de instrucción en un juzgado de la Plaza de Castilla de Madrid. Los tribunales tienen todavía pendiente revisar los recursos que han presentado el PSOE y Más Mádrid como acusaciones populares para ampliar las pesquisas. Mientras, González Amador busca el acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado para poder reconocer sus delitos a cambio de una multa y no entrar en prisión.