El 'chiringuito financiero' que pagó a Alvise pone en duda que sus 76 denunciantes sean víctimas
El empresario que denunció haber entregado 100.000 euros en efectivo a Alvise, Álvaro Romillo, ha reclamado a la Audiencia Nacional que fije los criterios para que los 76 inversores que le han denunciado por estafa sean considerados en esta causa perjudicados por Madeira Invest Club (MIC). El 'chiringuito financiero' -así lo calificó la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)- que él dirigía.
Su defensa ha presentado ante el Juzgado Central de Instrucción número 4 un recurso de reforma contra la providencia con la que se concedió la personación como afectados a esta cifra de 76 personas físicas y jurídicas al entender que no han acreditado "debidamente" su condición de perjudicados.
Defiende Romillo, a través de su abogado, que la fijación de criterios tiene que hacerse "en este momento procesal" de instrucción para, por un lado, "no incrementarla complejidad que ya tiene la causa" ya que si no numerosas personas tendrían acceso a los datos del procedimiento, presentar solicitudes al juez "sin ningún criterio" y "sin determinar si tienen un interés legítimo".
Por otro lado, alerta el empresario objeto de la macrodenuncia por los servicios de elusión fiscal e inversión en criptoactivos en MIC que solo si se determinan y aplican estos "criterios mínimos se podrá conocer con mayor exactitud la realidad y la dimensión" de la supuesta estafa de la que se le acusa.
En cuanto a que la "gravedad" de los hechos por los que se le pueda llegar a juzgar "dependerán" de la "cuantía económica que se reclame" y el "control de la documentación" que se lleve a cabo desde el inicio de la instrucción con el fin de agilizar y facilitar tanto la labor de la Fiscalía como del propio tribunal si llega a ser objeto de un juicio.
La defensa del denunciante de Alvise pone así sobre la mesa la necesidad de tomar los criterios que se han aplicado en procedimientos similares de presuntas macroestafas que ha asumido la Audiencia Nacional.
Lo que pasa, señala en el escrito, porque las 76 personas que han sido declaradas como afectadas por el magistrado José Luis Calama de las actividades de Madeira Invest Club presenten "un contrato válidamente firmado" en el que se recoja "de forma inequívoca las condiciones y la cantidad (monetaria) invertida", así como el justificante de la transferencia a las cuentas de la empresa de Romillo o de criptomonedas.
Para los que aseguren haberle entregado dinero en efectivo para su elusión de Hacienda o inversión, reclama Romillo que acredite "con acuse de recibo la entrega de ese dinero".
Asimismo, con el fin último de que solo estén presentes en el procedimiento como afectados los que verdaderamente demuestren serlo exige, más en un plano formal, que se compruebe en la Audiencia "si las cantidades entregadas se hicieron de forma legítima" o sin cumplir con la legislación de prevención de blanqueo de capitales.
Por todo ello, reclama el abogado de Romillo al juez Calama que abra una pieza para dirimir su responsabilidad civil en el caso de cada inversor y, asimismo, se levante de manera parcial el secreto de actuaciones.