Contrato de arrendamiento: ¿es legal que me hagan pagar los gastos de agencia?
El mercado de la vivienda en España se encuentra cada vez más tensionado. A día de hoy, es difícil conseguir un contrato de alquiler con unas condiciones asequibles. La gran mayoría de los propietarios temen arrendar sus casas ante la inseguridad jurídica establecida en el mercado.
Esta inseguridad se refleja en las dudas de los caseros sobre si el inquilino escogido puede ser de fiar o si recibirán la renta fijada en el contrato. Pues bien, a estos problemas se suma el cobro de tasas de las agencias inmobiliarias por publicitar la vivienda en cuestión.
Muchos propietarios deciden acudir a estas empresas para promocionar su vivienda y, así, lograr a alquilar lo antes posible. Sin embargo, este servicio ofrecido tiene unos costes por la gestión que han de ser asumidos por los dueños de la propiedad, aunque en muchas ocasiones esto no sea así.
¿Quién paga los gastos de gestión?
Hasta hace poco, estos gastos de gestión eran afrontados por los inquilinos que accedían a la vivienda. No obstante, la nueva Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno establece esta práctica como ilegal. Según la normativa, aplicable para las viviendas de uso residencial, se trata de un gasto que debe hacer frente el propietario desde el 26 de mayo de 2023, fecha en la que entró en vigor esta ley.
A pesar de ello, existen una serie de excepciones:
- Si la vivienda está destinada a otro uso que no sea residencial, el gasto podrá ser abonado por el inquilino.
- Aquellos inmuebles de lujo que alcancen los 300 metros cuadrados o que superen 5.5 veces el salario mínimo interprofesional estarán exentos de esta normativa.
¿Cuánto cobra una agencia por la gestión?
Cada importe varía según la agencia. No obstante, estos costes suelen rondar el 8-10% de la renta anual de la vivienda o una mensualidad entera. Para tratar de camuflar este engaño, las empresas inmobiliarias ofrecen el pago a plazos sin intereses.
¿Cómo reclamar los gastos de gestión inmobiliaria?
Las empresas inmobiliarias desarrollan diferentes "trucos" para ocultar esta tasa. Un ejemplo puede ser el cobro por la reserva del alquiler, establecer una cláusula donde el inquilino se hace cargo de los honorarios de la empresa u obligar al arrendatario a adquirir un supuesto "servicio de atención a inquilinos".
En caso de que cualquiera de estos supuesto ocurra, el inquilino tiene el derecho a reclamar que se le descuente de las mensualidades, una vez comience a vivir en la propiedad. En caso de negarse, se puede solicitar una hoja de reclamaciones o directamente iniciar un proceso judicial donde se aporte el mayor número de pruebas posibles, con el objetivo de demostrar la estafa.