Al Gobierno se le complica su intención de hacer permanente el impuesto a las energéticas
Al Gobierno se le complica su deseo de convertir en permanente el impuesto temporal y extraordinario a las grandes compañías energéticas. Uno de los apoyos que necesita para sacarlo adelante, Junts, no apoyará la medida si pone en riesgo inversiones en Cataluña. Y la realidad es que una de las compañías que más proyectos tiene pendientes de ejecutar en esta comunidad autónoma, Repsol, los ha metido en el congelador a la espera de ver qué ocurre con esta medida.
En declaraciones a los medios en el Congreso, la portavoz de la formación secesionista en la Cámara Baja, Miriam Nogueras, ha asegurado que su grupo no apoyará ninguna iniciativa que "ponga en riesgo" inversiones en Cataluña.
Nogueras ha reconocido que "no hay ninguna propuesta pública por parte del Gobierno español todavía" y que por tanto van a esperar a los próximos días para ver "la propuesta exacta" que se incluye "en este paquete fiscal que se supone que debe presentar". No obstante, ha querido dejar "clarísimo" que desde Junts no van a facilitar "que se apruebe nada que ponga en riesgo cualquier inversión de cualquier tipo en Cataluña, y en concreto en Tarragona".
La alusión a Tarragona de Nogueras no es al azar. Repsol ha asegurado en los últimos días que mantendrá congeladas las dos grandes inversiones que tiene previstas en Cataluña, ambas en la provincia de Tarragona y valoradas en 1.100 millones de euros en total, si el impuesto a las energéticas acaba siendo permanente.
La multinacional española tiene en "stand by" la construcción en El Morell (Tarragona) de una ecoplanta para producir metanol y bimetanol renovable a partir de residuos no reciclables, presupuestada en 800 millones de euros; y el mayor electrolizador de España para hidrógeno verde, asociado a esta planta, con 150 MW de capacidad y 300 millones de euros.
La compañía también ha confirmado que su filial Petronor mantiene "paralizado" el proyecto para poner en marcha un electrolizador de 100 MW en la refinería de Muskiz (Vizcaya), un proyecto que cuenta con una inversión de 200 millones de euros.
En el caso vasco, el Gobierno ya ha llegado a un acuerdo con el PNV para que el impuesto sea recaudado por el Ejecutivo autonómico en el marco de sus competencias y pueda ser de esa forma bonificado.
[[QUOTE:PULL|||Repsol mantiene en "stand by" varias inversiones a la espera de ver qué ocurre con el impuesto]]
En el día de ayer, el presidente de Repsol, Josu Jon Imaz, advirtió en una columna de opinión en medios de que la inversión en el sector energético español "se ralentizará al mínimo" si el impuesto, que tilda de "populismo fiscal", se convierte en permanente. "Miles de millones de euros se desviarán a otros países. Es posible que, ante la dificultad de descarbonizarse, el sector del refino español vaya teniendo dificultades para mantenerse antes de que acabe esta década. Crearemos muchos empleos en servicios de bajo valor añadido, posiblemente mal pagados. Nuestra cobertura social tendrá dificultades para sostenerse en un futuro, porque el tipo de empleo que se crea y la falta de recursos que genera el que se pierde nos aboca a un modelo de competitividad alejado de los líderes a los que deberíamos emular", aseguró Imaz, que también advirtió de que los tribunales tumbarán algún día un gravamen que, en su opinión, obliga a las empresas a pagar dos veces por lo mismo.
Desde el sector han advertido de que el impuesto complicaría los objetivos de inversión recogidos en el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC), que contempla que las empresas privadas movilicen 282.000 millones de euros hasta 2030.
La postura de Junts complica todavía más las dificultades que ya estaba teniendo el PSOE con su socio de Gobierno, Sumar, para hacer permanente la medida, inicialmente prevista para los años 2023 y 2024 y que, en el caso de las energéticas, con la aplicación de un gravamen del 1,2% sobre las ventas, a liquidar con cargo a los ejercicios 2022 y 2023. Estaba previsto que hoy terminase el plazo de enmiendas al proyecto de ley sobre la imposición de una tributación mínima a multinacionales que traspone una directiva europea. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda ha ampliado el plazo hasta el próximo día 30 de noviembre para tener más margen de maniobra en la negociación.
Sin impacto
Desde el Ejecutivo consideran que hacer permanente el impuesto no dañará el sector. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado hoy desde Toronto que tanto este gravamen como el de la banca no han impedido que en 2023 el país fuese el número uno del mundo en inversiones de energía renovables o que los dos sectores tuvieran resultados récord. No obstante, ha asegurado que lo que el Gobierno está valorando es cómo conseguir el equilibrio entre "impuestos que contribuyan, a través de una mayor progresividad, a financiar el Estado del bienestar pero también que ayuden a mantener ese esfuerzo inversor que vamos a necesitar".
Tanto el impuesto a las energéticas como a la banca tendrían que estar incorporados al sistema tributario antes de fin de año si el año que viene se quieren recaudar con cargo a este ejercicio.