Los termómetros de la violencia e inseguridad

A nivel nacional, se mantiene una cifra alta de homicidios dolosos, pues entre enero y septiembre de 2024 se reportaron 22 mil 758 casos en el país, 0.5 por ciento más que en igual periodo del año anterior y sólo 2.4 por ciento menos que en los mismos nueve meses de 2022, según los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Los niveles de inseguridad no ceden, como lo deja ver el promedio de 86.8 homicidios dolosos por día en septiembre, superior al de los dos meses previos.

No se pueden minimizar los problemas de inseguridad en lugares como Sinaloa, donde Culiacán y municipios aledaños siguen siendo sacudidos por la ola de violencia; Guerrero, donde el alcalde de Chilpancingo fue asesinado con el cruel sello del crimen organizado, o Chiapas, donde un sacerdote fue ejecutado a tiros al salir de oficiar una misa en San Cristóbal de las Casas.

En los 70 meses de la administración que encabezó el expresidente López Obrador, la cifra acumulada de personas asesinadas en México, tanto en la modalidad de homicidio doloso como en la de feminicidio, fue de 199 mil 952 víctimas, preliminarmente.

Los elevados niveles de violencia se corresponden con la percepción de inseguridad de los mexicanos.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, al tercer trimestre de 2024 prácticamente 6 de cada 10 adultos –58.6 por ciento– consideraron que vivir en su ciudad es inseguro.

Si bien a nivel nacional ligó dos periodos trimestrales moderándose y es la proporción más baja desde que el INEGI comenzó el levantamiento de la encuesta en septiembre de 2013, una lectura del sentimiento de inseguridad de 6 de cada 10 se ha mantenido desde el cierre de 2022.

Tapachula, con 91.9 por ciento; Naucalpan de Juárez, con 88 por ciento, y Fresnillo, con 87.9 por ciento, son las tres ciudades en que se percibe más inseguridad.

Pero las poblaciones urbanas con mayores incrementos en la percepción de inseguridad entre el segundo trimestre del año y el tercero son Culiacán, de 44.7 a 55.7 por ciento; Mexicali, de 60.4 a 69.2 por ciento; Tuxtla Gutiérrez, de 77.5 a 85.9 por ciento, y Tapachula, de 84.7 al mencionado 91.9 por ciento.

Los lugares en que los mexicanos se sienten más inseguros siguen siendo los cajeros automáticos localizados en la vía pública, el transporte público, las carreteras y las calles que habitualmente usan, muestra la encuesta del INEGI.

El 43.1 por ciento de la población adulta, residente en las ciudades objeto de estudio en la ENSU, manifestó que durante el tercer trimestre de 2024 modificó sus hábitos respecto a “llevar cosas de valor como joyas, dinero o tarjetas de crédito” por temor a sufrir algún delito.

Mientras que el 41.4 por ciento reconoció haber cambiado hábitos respecto a “permitir que los (hijos) menores salgan de su vivienda solos”, y 38.3 por ciento dijo ya no “caminar por los alrededores de su vivienda después de las 8 de la noche”.

Los problemas que continúan afectando a las personas y empresas en México son la inseguridad y corrupción.

De acuerdo con el Índice Mexicano de Confianza Económica del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), en septiembre pasado el principal obstáculo al que se enfrentaron las empresas fueron las condiciones de inseguridad en el país.

Así lo consideró el 72 por ciento de los contadores públicos, representados en más de 60 colegios del IMCP, en los que participan profesionales en la materia, socios de despachos contables, que a su vez prestan sus servicios a múltiples empresas en México.

En segundo lugar, se destacaron por igual la disponibilidad de financiamiento y la corrupción, ambas con el 48 por ciento de las menciones de la contaduría pública.

Ya van varios meses en que la inseguridad es el factor más mencionado como principal obstáculo para el crecimiento económico.

Le gana con amplio margen a los otros elementos identificados como el mayor freno para el desarrollo de los negocios en México, según las encuestas levantadas entre la contaduría pública.

Lo que dejan ver las mediciones nacionales, tanto oficiales como gremiales, es el perjuicio que se causa a la ciudadanía y la actividad productiva ante los niveles de inseguridad en el país en un contexto de creciente impunidad.