Comisión investigadora de CCSS dará voz a los técnicos, afirma Andrea Álvarez
La comisión investigadora de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) procurará ser un espacio en el que la voz del personal técnico de la institución sea escuchada y sus aportes sean tomados en cuenta para generar posibles soluciones a los graves problemas que afrontan los sistemas de salud y pensiones.
Así lo indicó la diputada Andrea Álvarez, presidenta de la comisión, en una entrevista con La Nación. La verdiblanca tendrá a cargo la conducción del foro legislativo durante los próximos 10 meses.
Según Álvarez, se procurará la “reivindicación de las jerarquías administrativas” de la CCSS que se opusieron, por razones técnicas, a la adjudicación de 138 Ebáis a cuatro cooperativas y una asociación médica, por un aparente sobreprecio.
El Ministerio Público sospecha de sobrecosto de ¢12.400 millones anuales, por lo que lanzó una investigación, denominada caso Barrenador. Por esta causa, el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública inhabilitó del cargo, por seis meses, a la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel; a la gerente general, María de los Ángeles Gutiérrez, y a tres directivos.
Vicio en adjudicación de Ebáis a Coopesana existe en las demás contrataciones
“He estado leyendo más sobre este el caso Barrenador y, realmente, distintas instancias administrativas de la institución recomendaron que se declarara infructuoso el cartel por precios excesivos y, más bien, fue al final una única funcionaria la que hizo un informe y se basaron en ese informe para tomar la decisión
“Entonces, es importante traer a esa jerarquías y que reivindiquen su trabajo basado en criterios técnicos, porque, al final, parece que la decisión de la Junta Directiva no se basó en esos criterios técnicos”, expresó Álvarez.
El pasado 18 de octubre, la Contraloría General de la República (CGR) anuló la contratación de la cooperativa Coopesana, porque la Junta Directiva se apartó de los criterios que advertían de precios excesivos en la adjudicación. El ente fiscalizador fustigó que, a partir de los reportes, no se declarara infructuoso el concurso y que, en su lugar, se procediera a realizar la adjucación, basándose en informes insuficientes y elaborados con errores metodológicos.
Álvarez indicó que, si bien desde agosto su despacho trabajaba en una moción para crear la comisión investigadora de la CCSS, fue el caso Barrenador el que dio la viabilidad a la propuesta y el que permitió que otras fracciones dieran su apoyo. En total, 34 diputados votaron a favor de crear el foro y solo siete votaron en contra; estos últimos son los del partido de gobierno.
Contraloría anula adjudicación de Ebáis de CCSS a Coopesana
La búsqueda del balance
No obstante, para que la comisión pueda tener un verdadero impacto, la verdiblanca considera que el foro debe trascender la coyuntura del caso Barrenador. Por ello, uno de los principales retos que enfrentará el foro será el encontrar un balance entre la parte investigativa y la generación de propuestas constructivas para solventar los problemas de la CCSS.
“Es importante que la ciudadanía sepa cómo han ocurrido estos presuntos actos de corrupción, pero también no podemos caer en el error de dejar de lado otros temas, especialmente las listas de espera y la deuda del Gobierno con la CCSS.
“Aunque se van a estar analizando presuntos casos de corrupción, no es una comisión en contra del Gobierno. Es una comisión a favor de la CCSS, por eso también hemos hecho tanto énfasis en que hay que balancear lo relacionado con el caso de Barrenador con la parte más propositiva”, agregó.
Igualmente, reconoció las dificultades que podrían enfrentar en la presentación de eventuales reformas legislativas relacionadas con la CCSS, salvaguardando sus competencias constitucionales. “Cuando uno legisla en salud, uno de los desafíos es cómo hacerlo siempre en respeto a la autonomía de la institución”, indicó.
Álvarez también descartó que la creación de la comisión pueda ser considerada como una acción improvisada o al calor del momento. Alegó que observaron la necesidad a partir de la labor que su despacho ha realizado desde hace un año, para la producción de proyectos de ley enfocados en temas de salud y el contacto con expertos, familiarizadas con las dificultades que enfrenta la institución. Una de las personas consultadas fue Álvaro Ramos, expresidente ejecutivo de la CCSS.
Al inicio, la verdiblanca quería enfocarse en la búsqueda de soluciones al problema de las listas de espera, pero tras reunirse con exdirectores de hospitales, representantes del Colegio de Médicos, sindicatos del sector salud, investigadores y personal del Ministerio de Salud, el panorama se fue ampliando.
“Yo no quería simplemente hacer un discurso en el plenario denunciando que las listas de espera no bajan y quedarme ahí; el acto denuncia es importante, pero quería ir más allá. Entonces, esta moción no fue un tema improvisado, sino que fue producto de todas esas mesas de trabajo, donde inicialmente mi enfoque eran las listas de espera, pero por las conversaciones que teníamos surgían otros temas”, relató.
Si bien se espera que ante la comisión rindan cuenta las autoridades actuales y pasadas, la liberacionista también planea convocar a investigadores y expertos, para que brinden insumos a los diputados.
Gobierno tratará de bajarle el nivel a la comisión
Sobre la reacción del gobierno al trabajo de la comisión, Álvarez dijo que no le corresponde caer en esas valoraciones, pero supone que su enfoque será de criticar la labor que se realice. “O sea, tratar de bajarle el nivel a la comisión simplemente para minimizar los actos irregulares que ellos potencialmente han hecho”, agregó.
En cuanto a las amenazas surgidas, la diputada no se mostró particularmente preocupada de que tales actos de intimidación puedan entorpecer el proceso o que vayan a desincentivar a que las personas colaboren con la comisión.
Álvarez y Sofía Guillén, esta última del Frente Amplio (FA), recibieron el pasado 14 de marzo amenazas de muerte en sus correos electrónicos. Semanas antes, el fiscal general de la República, Carlo Díaz, y el presidente la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, recibieron advertencias sobre riesgos a su propia integridad física.
“No me corresponde a mí hablar sobre cómo sería la respuesta ante amenazas que potencialmente podrían recibir personas que vengan a declarar, pero sí confío en que, al igual como el Poder Judicial respondió de forma expedita con nosotros o atendió nuestro caso, igual va a atender cualquier caso de un ciudadano amenazad en el contexto de esta comisión, o sea, confío en que el Poder Judicial va a ser su trabajo”, indicó.