Los juristas avisan en el inicio de curso de la Real Academia de Jurisprudencia: "Los jueces deben estar protegidos frente a presiones externas"
Los jueces están en el punto de mira de muchos políticos en los últimos tiempos en España. La crispación política ha hecho que muchos conflictos acaben derivándose a los tribunales y eso ha alimentado los ataques y las presiones al colectivo judicial. Frente a este escenario, el inicio del curso de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España (RAJyL) estuvo marcada por la protección de la independencia de los jueces frente a las presiones externas. "Los jueces de los estados miembros de la UE se encuentren protegidos frente a intervenciones o a presiones externas que puedan amenazar su independencia", ha señalado la magistrada Rosario Silva Lapuerta, exvicepresidenta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Durante su lección en el acto inaugural, el discurso de Silva versó sobre "la obligación de que los Estados miembros deben respetar las exigencias derivadas del Derecho de la Unión y en especial, las relativas a la independencia de los órganos jurisdiccionales". La intervención de Silva, quien también fue la primera mujer que accedió a la Abogacía del Estado (en 1978) y es académica de número de la RAJyL, tuvo como título "El Estado de Derecho como elemento fundamental de la identidad europea" y aludió a los principales elementos que rigen el Derecho europeo.
En este sentido, el eje central de su intervención fue dirigido a todo lo relacionado con la separación de poderes. El acto fue presidido por el presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, Manuel Pizarro, y al mismo acudieron un nutrido número de académicos así como distintas personalidades, entre otros, el magistrado del Tribunal Constitucional Enrique Arnaldo, el presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, el presidente emérito del TC Juan José González Rivas, el magistrado emérito del mismo tribunal y actual secretario general del Instituto de España, Andrés Ollero, así como los ex fiscales generales del Estado Eduardo Torres-Dulce y Consuelo Madrigal, quienes son académicos de número de la citada real academia.
Silva afirmó que "las reglas aplicables al estatuto de los jueces y al ejercicio de sus funciones jurisdiccionales deben permitir excluir, no solo cualquier influencia directa en forma de instrucciones, sino también las formas de influencia más indirecta que pudieran orientar las decisiones de los jueces de que se trate". De esta forma, añadió, se evita una "falta de apariencia de independencia o de imparcialidad" de esos jueces que pudiera menoscabar la confianza que la Administración de Justicia "debe inspirar en los justiciables en una sociedad democrática y en un Estado de Derecho".