La industria farmacéutica reclama a Europa la "revisión urgente" de la Directiva sobre aguas urbanas
La Directiva de Aguas Residuales Urbanas (TARU) aprobada por las instituciones europeas establece que, para 2035, estas aguas deberán ser sometidas a tratamiento secundario (la eliminación de la materia orgánica biodegradable) antes de su vertido al medioambiente. Esto afectará todas las aglomeraciones a partir de 1.000 habitantes equivalentes (unidad de medida estándar que describe la contaminación media emitida por una persona al día).
Cabe recordar que estos microcontaminantes no son residuos que genere la industria por su producción, sino, en el caso de los fármacos, es la materia orgánica biodegradable que excretamos los humanos cuando los consumimos. Las plantas de tratamiento de aguas residuales no están preparadas para eliminar los compuestos farmacéuticos o sus metabolitos (productos de su paso por nuestro organismo).
Según los cálculos de Bruselas, el 92% de los microcontaminantes provienen de la industria farmacéutica y cosmética y, por lo tanto, deben ser estos dos sectores los que corran con los gastos.
Las estimaciones previas de la Comisión Europea señalan que el tratamiento de los microcontaminantes supondrá un gasto para las empresas farmacéuticas de los Veintisiete de unos 1.200 millones de euros. El sector, representado por la Federación Europea de Industria Farmacéutica (Efpia), sin embargo, eleva estos cálculos y cree que la factura total se situará entre los 4.500 y los 5.100 millones de euros.
En España, en concreto, según adelantó este periódico hace unos días, esto significa que la industria farmacéutica y cosmética podrían perder entre 500 y 1.000 millones de euros.
El siguiente paso de la directiva TARU sería su aprobación por el Consejo de Europa. Sin embargo, Efpia quiere evitar que la legislación avance en su formato actual dado que, a su juicio, no se aborda "adecuadamente la realidad de la contaminación del agua" y haría un grave daño "a los pacientes y a las políticas europeas en materia sanitaria".
Una decisión "arbitraria"
Por ello, reclama "una revisión urgente" del texto que "ignora por completo el impacto de otros sectores", que la propia Comisión identificó como fuentes de microcontaminantes.
A traves de un comunicado que recoge Farmaindustria, miembro de la Federación, la patronal europea refleja la disposición de la industria farmacéutica a afrontar la parte correspondiente de impacto de su actividad en el agua. Sin embargo, "la decisión arbitraria de seleccionar únicamente a este sector y cosmética para pagar la limpieza de microcontaminantes de todos los sectores contradice los principios clave de los Tratados de la UE: quien contamina paga, proporcionalidad y no discriminación".
"Un enfoque tan desproporcionado no incentivará el desarrollo de productos más ecológicos y podría multiplicar el riesgo de interrupciones en el suministro de medicamentos críticos, de manera particular en los productos fuera de patente", ha advertido Efpia.
Asimismo, la Federación atribuye a los medicamentos y productos sanitarios en torno al 10% de la carga tóxica de microcontaminantes, mientras que la CE eleva el dato al 92%, una cifra que la autoridad europea no explica cómo se ha determinado, según ha señalado Efpia.
Riesgo para la investigación biomédica
Además, Efpia ha expresado su preocupación por las estimaciones a la baja realizadas por la CE sobre el coste del tratamiento cuaternario de las aguas. Por ejemplo, la Agencia de Medio Ambiente de Alemania estima que dicho coste oscila entre 885 y 1.025 millones de euros anuales; los Países Bajos hablan de un coste de implementación de la legislación hasta seis veces más alto, mientras que la Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Servicios de Agua marcan el impacto para las industrias en una horquilla entre 3.600 y 11.300 millones de euros al año.
Por todo ello, la industria farmacéutica ha demandado una solución proporcionada y basada en la evidencia, que incluya a todos los sectores que impactan en el agua por su actividad basándose en el principio de que quien contamina paga y contribuir de esta manera al abordaje colectivo de la contaminación del agua.
"Poner toda la responsabilidad de la contaminación del agua europea sobre los hombros de dos sectores no es lógico ni justo. Dañará la investigación biomédica, lo que privará aún más del acceso a nuevos medicamentos a los pacientes que viven en Europa", ha declarado la directora general de Efpia, Nathalie Moll.