Paro de estatales: declararon alerta y movilización y preparan una medida de "acción directa"
El Frente de Gremios Estatales decretó el estado de alerta y movilización, con una advertencia clara sobre la posibilidad de llevar adelante una medida de fuerza, aún sin fecha definida. Según un comunicado, las organizaciones gremiales se reunieron en la sede de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) para discutir la situación actual del país y su impacto en el sector público.
"Decretamos el Estasdo de Alerta y movilización con una medida de acción directa que será definida por los gremios integrantes de este Frente", subrayaron.
Una fuente gremial amplió ante El Cronista el abanico de posibilidades en las que podría traducirse la "acción directa" de marras: "Pueden ser desde asambleas en todos los organismos del Estado hasta un masivo paro o marcha de la totalidad del Frente de Gremios Estatales"
El documento difundido denuncia "agresiones sistemáticas" hacia los trabajadores del Estado y a la administración pública en su conjunto. En su análisis, los gremios remarcaron que el escenario actual representa "dos modelos de país": uno de carácter especulativo, que beneficia a las grandes corporaciones financieras, y otro que busca impulsar "producción, desarrollo y trabajo". Para el Frente, los ataques dirigidos hacia el Estado y los sindicatos responden a que estas instituciones son vistas como la "última barrera" frente a un modelo de "capitalismo salvaje sin límites".
Andrés Rodríguez, lider de UPCN, fue el anfitrión del encuentro.
Ante esta situación, los gremios integrantes del Frente hicieron un llamado a otras organizaciones sindicales, movimientos sociales y a la clase política, en especial a los legisladores, para que se sumen a la defensa de los derechos laborales y sindicales. También instaron a la protección del poder adquisitivo de los trabajadores, los convenios colectivos de trabajo, el empleo y, de manera especial, a la defensa del rol del Estado como "garante de una sociedad más justa y equitativa".
En el comunicado, los sindicatos expresaron su solidaridad con las luchas que vienen llevando adelante los trabajadores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), las universidades, así como los empleados de los poderes legislativo y judicial. También manifestaron su rechazo a las privatizaciones y a la eliminación indiscriminada de organismos públicos, calificando estas acciones como "irracionales".
El comunicado concluye reafirmando el papel del Estado en la construcción de un país con "Producción, Desarrollo y Trabajo", retomando una consigna histórica de la Confederación General del Trabajo (CGT) en defensa de la "Independencia económica, la Soberanía Política y la Justicia Social".
Los números de la motosierra en el Estado
El empleo público es un blanco móvil para el Gobierno libertario. Desde diciembre de 2023 hasta julio de 2024, más de 30.000 empleados estatales fueron desvinculados, marcando una baja del 9,2% en la planta estatal, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La reducción, que ya superó el umbral de 31.000 puestos, representa uno de los mayores ajustes en la administración pública en años recientes, tal como lo advirtió El Cronista.
De acuerdo con el último informe del Indec, en agosto de 2024, el número de empleados del Estado se ubicó en 309.849, con una baja marginal del 0,2% respecto de julio, pero con un acumulado mucho más dramático desde el inicio de la administración actual. Si la comparación se extiende a agosto de 2023, cuando había 343.429 empleados en el Estado, la pérdida es aún más pronunciada: 33.580 puestos, un 9,7% de caída en términos interanuales.
Las áreas más afectadas incluyen la Jefatura de Gabinete, que registró una baja del 11,7%, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que vio una reducción del 10,6%. Otras dependencias golpeadas por los recortes fueron el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), con un 10,4% menos de personal, y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que sufrió una contracción del 8,9%. El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) también enfrentó una baja del 8%, mientras que la empresa AYSA reportó una reducción más moderada, del 3,6%.
El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, detalló en un informe que la administración pública, que durante la última década fue uno de los pocos sectores generadores de empleo, experimentó un ahorro de $36.000 millones producto de los recortes adoptados desde diciembre. Según este informe, la mayor parte del ahorro, unos $29.000 millones, proviene de la reducción de contratos bajo la "ley Marco", que regula el empleo público.
En términos porcentuales, las bajas más pronunciadas se registraron en los contratos temporales. Los empleados contratados bajo la "ley Marco" sufrieron una reducción del 15,8%, mientras que los empleados bajo el régimen de monotributo, conocidos como "contratos LOYS", enfrentaron un recorte aún más severo, con una baja del 52,9%.