La necesidad de volver al empleo formal
El Gobierno anunció que no renovará la moratoria previsional, en consonancia con la reorganización del sistema de protección social.
El objetivo es alcanzar un equilibrio entre la solidaridad y los incentivos orientados a fomentar la creación de empleo formal.
Cabe recordar que el sistema de protección social, establecido a mediados del siglo pasado, fue diseñado como un esquema contributivo, donde el acceso a los beneficios estaba condicionado a los aportes. Con el tiempo, este diseño perdió efectividad debido a la creciente informalidad y marginalidad laboral. Como respuesta, se fueron incorporando al sistema personas que trabajaban en la informalidad y/o que no tenían empleo.
En el año 2000, se otorgó a los monotributistas el derecho a acceder al Programa Médico Obligatorio (PMO). En 2005, se implementaron las primeras moratorias previsionales, y en 2007 se crearon planes asistenciales que ofrecían subsidios por desempleo a las familias con adultos jefes de hogar en condiciones de informalidad o desocupación.
Luego, en 2009, se lanzó la Asignación Universal por Hijo (AUH). En resumen, este proceso distorsionó el sistema contributivo de protección social, otorgando beneficios sin distinción entre quienes realizaban aportes y quienes no lo hacían.
Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, el 35% de los hogares son formalmente empleados en su totalidad. El 32% de los hogares son mixtos, es decir, uno de los miembros activos (ya sea el jefe o el cónyuge) trabaja de manera formal, mientras que el otro está en la informalidad o desempleado. El 33% restante está compuesto por hogares completamente informales.
En otras palabras, solo un tercio de los hogares vive exclusivamente del empleo formal, otro tercio combina empleos formales e informales, y el último tercio está completamente fuera de la formalidad.
Cuáles son las conclusiones a las que podemos llegar
En primer lugar, es inconsistente pretender cubrir a todas las familias con el sistema actual, dado que solo un tercio de los hogares contribuye con sus aportes. En segundo lugar, volver a un sistema contributivo puro no es socialmente sostenible.
El punto central, al intentar reorganizar el sistema, es rediseñar los beneficios de modo que se garantice un acceso mínimo a todas las familias, y que se otorgue una compensación adicional a aquellas que contribuyen con aportes salariales.
Resultaría razonable, por un lado, no desproteger a ninguna familia y, por otro, no desincentivar la formalidad, como ocurre en la actualidad.
Solo un tercio de los hogares vive exclusivamente del empleo formal, otro tercio combina empleos formales e informales, y el último tercio está completamente fuera de la formalidad
Es necesario dejar de prorrogar las moratorias previsionales y, al mismo tiempo, eliminar el requisito de 30 años de aportes para acceder a una jubilación. El esquema debería permitir que las personas se jubilen con los aportes que hayan realizado, calculando el haber en función de esos aportes.
Si el haber es bajo, se podría otorgar la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Lo importante es reconocer que realizar aportes debe ser valorado y recompensado.
Asimismo, en cuanto a las asignaciones familiares, se debería simplificar el régimen y equiparar los montos para las familias con salarios formales bajos. El seguro de desempleo contributivo debería funcionar como parte de la indemnización, incentivando la creación de empleos formales.
La degradación social, que ha llevado a que la mayoría de los hogares dependan de la informalidad, es el resultado de décadas de arrastre. Implementar mecanismos improvisados para que las personas sin aportes ingresen al sistema no es una solución viable.
Es imprescindible que las familias retornen al empleo formal y, durante esta transición, se debe establecer un sistema de protección que equilibre la solidaridad con incentivos que promuevan la formalidad.