El Gobierno obligará por decreto a las universidades privadas a tener alojamiento para sus estudiantes

El Gobierno va a obligar por decreto a las nuevas universidades a incluir entre sus instalaciones algún tipo de solución habitacional para su estudiantado. La medida, incluida en un protocolo firmado por los ministerios de Vivienda, Economía y Universidades, afecta a todos los centros de nueva creación, pero dado que que no se abre ninguno público desde hace 25 años ni hay previsión de hacerlo, está dirigida a las privadas, que crecen como setas por todo el territorio.

La ministra de Universidades, Diana Morant, anunció que pretende implementar esta declaración de intenciones en la actualización del Real Decreto sobre creación de centros universitarios con el que su departamento quiere endurecer las características mínimas que ha de tener una universidad para considerarse como tal.

El protocolo también contempla la construcción de soluciones habitacionales a precios asequibles para estudiantes y trabajadores universitarios en suelo público dotacional en los municipios con más problemas de alquiler. “Las partes han alcanzado los acuerdos oportunos [para] posibilitar la adopción coordinada (...) de distintas medidas que contribuyan a lograr el equilibrio pretendido (...) garantizando que las nuevas universidades ofrezcan soluciones habitacionales para sus estudiantes como requisito necesario para su implantación”, dice el protocolo.

Al problema generalizado del acceso a la vivienda se suma la proliferación de centros privados en prácticamente todas las comunidades autónomas, que tensiona aún más el mercado de alquiler. Andalucía ha abierto –o está en ello– cuatro nuevas universidades privadas en un puñado de años, tres de ellas con una sede en Málaga. Extremadura va camino de lo mismo, como Madrid, donde la creación de centros va a tal ritmo que es complicado llevar la cuenta. El Instituto de Empresa se expande en Segovia a marchas forzadas. Vitoria tiene nuevo campus, como Vigo, Santiago y A Coruña y la UNIR pretende pasar de virtual a presencial en Logroño. La lista sigue y sigue.

Con el desembarco de una universidad en una ciudad se genera un problema invisible, pero muy real: “La implantación de una universidad incide de manera directa en el mercado inmobiliario de alquiler, aumentando de manera notable y permanente la demanda de alojamiento en este régimen, alterando a menudo la dinámica preexistente, agotando la oferta e incrementando los precios”, se lee en el protocolo firmado por los ministerios de Vivienda y Agenda Urbana, Economía, Comercio y Empresa y Ciencia, Innovación y Universidades.

“El problema se ha ido agravando”

“Este es mi cuarto año en la Universidad y el problema se ha ido agravando. Hay cada vez menos pisos, cada vez más gente que busca y cada vez más caros. Ahora una habitación cuesta 400 o 500 euros, y con suerte”. Omar Lukach es el presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad Málaga y además de sufrir el problema en primera persona ve cómo afecta a otros. “Nos llega de todo: gente preguntando por residencias, requisitos, alternativas, buscando piso o compañeros…”.

Málaga es el perfecto ejemplo de las tensiones que sufren estudiantes y trabajadores universitarios para encontrar alojamiento. En una ciudad ya problemática para acceder a la vivienda, a la oferta de la pública UMA se han sumado en los últimos años varias escuelas de negocios y al menos tres universidades privadas: Utamed, la Universidad Alfonso X el Sabio Mare Nostrum y la Universidad Europea de Andalucía. Las opciones habitacionales asequibles para los estudiantes son pocas. Las residencias de estudiantes son escasas y caras, aunque suelen incluir manutención. Las hay a partir de 450 euros por habitación, pero algunas ya cobran 900 euros, exigiendo incluso el pago de todo el curso por adelantado. La Jiménez Fraud, única pública, apenas dispone de 257 plazas a las que estudiantes pueden concursar en mayo, atendiendo a un baremo inverso de renta. Su coste mensual es de 180 euros.

En la Universidad de Castilla-La Mancha uno de cada cinco estudiantes viene de otra comunidad, y más de la mitad de los que se han matriculado este año en primero también vienen de fuera o estudian demasiado lejos de sus casas. Todos ellos buscan piso, tensionando el mercado de alquiler de las ciudades con campus universitario

En Castilla-La Mancha todavía no están ahí, pero van camino y se quieren anticipar acogiéndose al protocolo, comenta José Julián Garde López-Brea, rector de la UCLM. “Comparado con otras ciudades no tenemos este problema, pero empezamos a notarlo y conviene atajarlo mucho antes de que nos llegue. Cuando sea insostenible, como está pasando en otras ciudades, ya será tarde”. Garde explica que Albacete es el campus de la Universidad de Castilla-La Mancha donde se está comenzando a tensionar la situación, y que Toledo, que tiene unos precios de alquiler más caros, asoma en segunda posición. La Universidad ya trabaja con los Ayuntamientos para localizar posibles suelos, cuenta el dirigente, que insiste en la idea de que los precios de estos futuros alojamientos deben ser “sociales” si se pretende que el plan tenga éxito.

El rector dimensiona la situación en la UCLM: “A nivel de universidad, de los 23.850 estudiantes matriculados el pasado curso un 22% no habían hecho aquí la Ebau, lo que significa que vienen de fuera. Esto es gente que está viviendo en residencias o pisos de alquiler. También sucede que como nuestras provincias son muy grandes, además de los que vienen de fuera, tenemos estudiantes que son de una comarca lejana al campus donde estudian y también necesitan vivienda. En el primer curso (los nuevos alumnos que llegan en un año) tenemos 6.300 estudiantes, y de ellos –ya sea porque hicieron la Ebau fuera o porque sus domicilios están lejos–, calculamos que unos 3.600 están en viviendas o residencias”. Garde incide en que el problema no afecta solo al estudiantado: investigadores que realizan estancias temporales o profesores visitantes tienen más complicado acceder a alquileres de unos meses. El plan, así lo dice el protocolo, también incluye a estos perfiles.

Hasta un 10% de la demanda

En algunos municipios la demanda del sector universitario puede suponer hasta un 10% de la posible oferta de alquiler. Casi el 75% del alumnado universitario estudia en una ciudad distinta a aquella en la que reside habitualmente, según el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Eso es un millón de personas que busca lugar de residencia, sin contar al profesorado. Es inevitable, explica Leire Iglesias, directora general del Sepes (Entidad Pública Empresarial del Suelo), del Ministerio de Vivienda, que el impacto llegue al precio de los pisos.

La medida principal que contempla el protocolo es poner suelo público dotacional de las ciudades universitarias especialmente tensionadas a disposición de las universidades públicas, para crear alojamientos dotacionales para todas las personas vinculadas a las universidades, especialmente estudiantes, pero también personal docente e investigador. “Buscamos terrenos con unas características muy concretas”, explica Iglesias, del Sepes. “Esto es una novedad que contempla la ley de vivienda: permite hacer estos alojamientos en suelos dotacionales, en los que no se pueden construir viviendas normales”, ilustra.

Para ello hará falta la colaboración de todas las administraciones –estos suelos pertenecen habitualmente a los Ayuntamientos–, que los tendrán que ceder o quizá permutar estos terrenos por otros del Gobierno central para construir alojamientos para el personal universitario. Iglesias no cree que este punto vaya a ser un problema. “Creo que cualquier ayuntamiento que tenga un suelo dotacional sin aprovechar, sabiendo que va a ser para ese sector de población, va a estar a favor para aprovecharlo y no dar la batalla política”, sostiene.

Simplificando el proceso, la idea es que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades estudie y localice los territorios con presencia universitaria con más problemas de acceso a la vivienda, los consistorios pongan el suelo, Vivienda impulse las actuaciones mediante la elaboración de un programa específico para la promoción de vivienda universitaria y Economía facilite el acceso a líneas de crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a las universidades o a promotores privados (en este caso a cambio de su gestión durante años) para que construyan estos alojamientos.

Se busca así minimizar este fenómeno, que comienza a darse en cada vez más ciudades y que desde el Ministerio ejemplifican en Segovia. En la ciudad castellanoleonesa hay dos grandes centros de estudios: el campus de la Universidad de Valladolid y la IE University. Desde el curso pasado, la IE ya tuvo cerca de mil alumnos matriculados más que la Universidad de Valladolid, según el Portal de Transparencia de la Junta de Castilla y León. Y esto redunda también en el precio de los alquileres, puesto que el perfil de alumno de la IE (el curso académico cuesta mínimo 25.000 euros) tiene más recursos económicos que el de la pública.

Antes de la pandemia, el equipo de gobierno que entonces dirigía la ciudad (PSOE) atribuía el incremento de los precios del alquiler al elevado número de estudiantes extranjeros y adinerados que estudiaban en la IE University y que podían pagar más que la media estudiantil. De hecho, la IE University (que no ha respondido a este diario) ofrece varias residencias o apartamentos para sus propios estudiantes y que oscilan entre los 800 euros al mes y los 1.700 euros. En el último año, el precio del alquiler de la vivienda ha aumentado un 13% en la capital segoviana, según los datos de Idealista, hasta una media de 10,5 euros por metro cuadrado. Ahora también hay que sumar el factor turístico, un sector en crecimiento también en Segovia debido a las viviendas de uso turístico.

De virtual a presencial en Logroño

La única universidad privada que existe en La Rioja, UNIR, se ha convertido ya en la primera empresa de la comunidad autónoma con más de 1.600 empleados. Su sede central, desde la que se atiende a más de 23.000 alumnos de unos 80 países, se ubica a apenas unos metros del campus de la Universidad de La Rioja, la pública.

Aunque hasta la fecha esta universidad solo imparte titulaciones online, el pasado mes de junio solicitó formalmente la autorización para impartir clases presenciales, una noticia que generó mucho revuelo social, protestas sindicales y estudiantiles y que salió adelante con el apoyo de PP y Vox. Unos días después, Gobierno de La Rioja, Universidad de La Rioja y UNIR firmaban un acuerdo a tres bandas por el que la universidad privada se comprometía a no impartir clases presenciales de titulaciones que se impartan ya en la universidad pública de La Rioja.

Antes siquiera de que esas clases presenciales de la privada sean una realidad, el acceso de la vivienda para los estudiantes en La Rioja se complica. Las plazas en residencias son escasas y rondan los 800 euros al mes con pensión completa y los pisos compartidos para tres personas están en esas mismas cifras; 300 euros si lo que se busca es sólo una habitación. “Cada vez más estudiantes empiezan a plantearse vivir en otras localidades cercanas, fuera de Logroño, porque la demanda es enorme pero la oferta de vivienda cada vez más pequeña y cara”, explican desde el sector inmobiliario.

Con información de Néstor Cenizo e Irene Velázquez