Isabel Rodríguez pide a las comunidades blindar su parque público de vivienda y los socios del Gobierno le reprochan su falta de valentía

Desde el Ministerio de Vivienda llevaban varios días señalando que la comparencia de la ministra, este miércoles en el Congreso, era una buena oportunidad para explicar las políticas del Ejecutivo en una de las materias que más preocupan a los ciudadanos y que han provocado que el descontento se traslade a las calles en varias ciudades de todo el país. La redacción de la solicitud, firmada por los socios habituales del Gobierno, no hacía presagiar una buena mañana. ERC, Bildu y el grupo Mixto querían que Isabel Rodríguez diera explicaciones por la “inación” y la “falta de medidas” para garantizar el acceso a una vivienda digna. También sobre sus palabras “apelando a la solidaridad de los propietarios como forma de contener la subida de precios de alquiler”.

“Entiendo el discurso semántico”, dijo Rodríguez desde la tribuna, donde defendió que en los once meses que lleva al frente de la cartera, lo que ha hecho ha sido “no parar”. “Otros, lo que hoy es un ministerio, prefirieron dejarlo en una dirección general con raquíticos presupuestos”, afeó a la bancada popular. Fue precistamente el portavoz del PP quien protagonizó la intervención más gruesa. “Lo que he escuchado ha sido realmente decepcionante”, le dijo Sergio Sayas, que señaló que la ministra “se ve más fuera del Gobierno de lo que parece”.

Sayas, el tránsfuga de UPN que trató de tumbar la reforma laboral, ahora enrolado en el PP, acusó a Rodríguez de una “evidente incompetencia en materia de vivienda”. Para finalizar su intervención, propuso una serie de medidas: facilitar suelo para construir vivienda pública y privada, agilizar las tramitaciones urbanístivas y reducir la burocracia, incentivar la rehabilitación de vivienda, dar incentivos fiscales, ayudas públicas y avales y garantizar la seguridad jurídica frente a la ocupación.

Minutos antes, la ministra de Vivienda había desarrollado algunas líneas de su actuación que pasaban, precisamente, por las ayudas a la rehabilitación de vivienda, los avales para familias y menores de 35 años, la ley del suelo que pretendía agilizar los trámites urbanísticos y que tumbó el PP, los incentivos fiscales y la puesta a disposición de suelo público para la construcción de vivienda, en este caso pública y a precios asequibles. “Vamos a poner más suelo público del Estado a disposición de las políticas de vivienda”, se comprometió. Además, ha defendido la necesidad de “blindar a perpetuidad la protección de las viviendas del parque público”, para lo que ha reconocido que “las comunidades autónomas tienen mucho que decir”. “Espero que este acuerdo sea unánime”, ha dicho.

"La comparecencia de hoy ha sido solicitada por Bildu, ERC y el Grupo Mixto, curiosamente, grupos que estuvimos en la negociación de la Ley de Vivienda y que dimos apoyo a su aprobación. ¿A usted eso no le dice nada?

Pilar Valluguera — ERC

Pero quizás las críticas que más daño pueden hacer al Gobierno vinieron de sus socios de investidura. Y, por este frente, la ministra tampoco tuvo tregua. “La comparecencia de hoy ha sido solicitada por Bildu, ERC y el Grupo Mixto, curiosamente, grupos que estuvimos en la negociación de la Ley de Vivienda y que dimos apoyo a su aprobación. ¿A usted eso no le dice nada? ¿No le hace sospechar que alguno de los acuerdos, algo de lo que se pactó, no se ha llevado a cabo? ¿No le crea admiración que, un año y medio después, le estemos solicitando que comparezca porque no han tenido la valentía suficiente para tirar para adelante?”, interpeló la diputada de ERC, Pilar Valluguera, quien acusó a Rodríguez de estar “muy contenta de haberse conocido”.

Valluguera, no obstante, reconoció que son las comunidades autónomas las que tienen las competencias para tapar uno de los “grandes agujeros en el estado del bienestar”. En ese sentido, advirtió que tumbarían el reglamento para el alquiler de temporada en el que trabaja el Ministerio si este invade competencias y afeó a Rodríguez su intención de “llegar hasta el final de su capacidad normativa”. “No me amenace”, señalo la diputada de ERC, que exigió al Gobierno que plante cara a los fondos buitre. “Detecto una gran cobardía”, lamentó en una intervención en la que criticó el bono de alquiler joven y afirmó tener la “sensación sistemática” de que el ministerio está “del lado de los propietarios”: “¿Dónde se ha visto que en una economía de mercado un Gobierno de izquierdas no pueda intervenir para equilibrar como están las situaciones?”.

"No tengo ninguna duda de que sabrá de qué lado está, porque si no, le queda menos tiempo que a un piso de 600 euros publicado en Idealista"

Alberto Ibáñez — Sumar

Si el martes la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz afirmaba que el Gobierno no estaba haciendo todo lo posible para paliar la crisis de la vivienda, este miércoles el diputado de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez Mezquita pedía “reaccionar”. “No podemos hacer que (la frase) la economía va como un cohete sean nuestros brotes verdes”, afeó desde la tribuna, donde lamentó no haber sido “capaces de convencer al PSOE y al resto de lla Cámara de que la vivienda es un derecho, no un bien de mercado”. Antes de volver a su escaño, Ibáñez interpeló a Rodríguez: “No tengo ninguna duda de que sabrá de qué lado está, porque si no, le queda menos tiempo que a un piso de 600 euros publicado en Idealista”.

El portavoz de Bildu, Oskar Matute, en un tono mucho más templado, señaló que “sobran palabras y faltan hechos, acciones y determinación” ante una situación “insostenible”. “Lo que tendría sentido es testar si existe una mayoría que está de acuerdo con la jerarquía del derecho a la vivienda sobre cualquier otro derecho”, pidió. En ese sentido, Matute trasladó responsabilidades, desde los ayuntamientos, que pueden gravar las viviendas vacías, como recordó la propia Rodríguez, hasta las comunidades, desarrollando la ley de vivienda o sus propias leyes autonómicas, pasando por las compentencias estatales, que permitirían que todos los activos de la Sareb sean destinados “únicamente” a vivienda protegida.

“Falta de autocrítica”

También otros grupos que votaron en contra o se abstuvieron en la tramitación de la Ley de Vivienda en la pasada legislatura, pero que sustentan al Gobierno, han sido críticos con Rodríguez. “He echado de menos un poco de autocrítica en relación al desarrollo de la ley”, afeó la diputada del PNV, Maribel Vaquero. El diputado del BNG, Néstor Rego, consideró que el Gobierno “no ha realizado una gestión eficaz en esta materia en seis años”.

“Señora ministra, veo a sus socios un poco enfadados”, analizó la diputada de Junts, Marta Madrenas, quien indicó que “la falta de vivienda pública y privada está tensionando hasta el límite tanto al ciudadano como a los servicios públicos”. “Vemos a un Gobierno un tanto superado por la situación, que no tiene la valentía que se requiere para afrontar la situación actual y que se deja arrastrar de un lado a otro por propuestas incompatibles entre sí”, considero. Junts anunció este martes que apoyaría la tramitación de una nueva ley para regular el alquiler de temporada.

La diputada y líder de Podemos, Ione Belarra, señaló que las políticas y el discurso de la ministra son “indistinguibles” de las del Partido Popular. “Este año, en el que ya solo mandan ustedes en el Gobierno y no hay ese ruido tan molesto que hacía Podemos, solo saben hacer políticas de derechas, como el aval a las hipotecas o la ley del suelo, calcada de la del PP. Y no solo eso, han abandonado una ley de vivienda que, a pesar de todos los agujeros que dejaron, podría haber servido para controlar las subidas de los precios si la hubieran aplicado”, señaló Belarra, en referencia a las comunidades donde gobiernan los socialistas.

“Defienden a los rentistas porque son rentistas”, consideró Belarra, quien interpeló a la ministra sobre su próximo destino: “¿Pretende ser la próxima presidenta de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval)”. No se quedó ahí. La formación morada ha sido en esta sesión la única que ha condicionado sus apoyos, “cuatro votos imprescindibles”, a que el Gobierno “baje los alquileres un 40%” y prohíba la compra de vivienda que “no sea para residir”, asi como el “desmantelamiento” de grupos como desokupa.