El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, anunció ayer la aprobación «próximamente» de una nueva subvención para hacer frente al déficit por el mantenimiento en 2024 de los servicios de transporte público en Castilla y León , una circunstancia que es «una obligación legal, pero también un compromiso firme». Esta nueva partida se unirá a los 34,7 millones de euros que se han destinado ya a cubrir el déficit de enero a septiembre de 2024 que presentan las 119 empresas titulares de las 234 concesiones existentes en la comunidad. Para el 2025, la partida presupuestaria dedicada a esta circunstancia alcanzará, según recordó, los 33 millones de euros. «La apuesta del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco pasa por ser garante de la sostenibilidad económica del 100 por 100 de los servicios, independientemente de donde viva cada ciudadano», apuntó el durante la clausura de la Junta Directiva de la Federación Empresarial Castellano y Leonés de Transporte en Autobús (Fecylbus), que se celebró en Madrid coincidiendo con la XV edición de la Feria Internacional del Autobús y el Autocar, FIAA 2024, una cita «que es un foro de encuentro nacional e internacional para el sector». Asimismo, Sanz Merino detalló que en la Comunidad el 63 por ciento de las rutas del transporte autonómico registran menos de 5.000 viajeros al año y el 90 por ciento del total resultan deficitarias económicamente. Por ello, insistió en la preocupación que ha despertado la intención del Gobierno central de reactivar la aprobación del Mapa Concesional de Transporte de Viajeros por Carretera que, en un primer borrador, recogía la supresión de paradas de servicios de largo recorrido en 346 municipios de la Comunidad. «No podemos dejar atrás a los casi 213.000 ciudadanos que viven en el mundo rural y que se quedarían sin servicios si el Gobierno sigue adelante. Necesitamos ofrecer servicios a todos los ciudadanos vivan donde vivan», dijo. « La supresión de estas paradas (474 en 346 municipios) significa poner sobre la mesa un problema político donde no lo había», denunció el consejero que señaló que en lo referente a esta cuestión, «la Junta de Castilla y León y el Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible no hablamos el mismo idioma», añadió. «Para nosotros el autobús, el transporte público por carretera, es la principal palanca que tienen nuestros ciudadanos para acceder a otros servicios públicos como la Educación o la Sanidad», enfatizó el consejero. «A nosotros nos da igual el número de viajeros de cada línea, lo que queremos es mantener el autobús y mantener los recorridos y los trayectos para dar servicio, con independencia del número de viajeros», resaltó en declaraciones recogidas por Ical. Además, hizo hincapié en que la propuesta del Gobierno central « ha bloqueado nuestro mapa de transportes en el ámbito interautonómico » ya que, según apuntó, la Junta no puede lanzar su proyecto «hasta no tener claro cómo va actuar el Ministerio». En sentido, solicitó, «como también han hecho otras comunidades afectadas por el mismo problema», que el departamento dirigido por Óscar Puente convoque «de forma urgente» la Conferencia Sectorial de Transportes, ya que la negociación técnica propuesta por el Ejecutivo central «nos parece insuficiente e inoperante».
