Tribunal niega acceso a los antecedentes del caso a defensa de Monsalve

En el marco de la audiencia de garantías del llamado caso Monsalve, por la denuncia de violación contra del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó 40 días de secreto de la investigación para que el Ministerio Público reconstruya los hechos desde el 1 de septiembre y los días 22 y 23 del mismo mes, periodo en que se habría cometido el delito.

De acuerdo al juez del tribunal de Garantía, Ponciano Salles, “40 días es un plazo (…) completamente prudente para efectos de que el Ministerio Público pueda intentar reconstruir cabalmente, qué es lo que habría acontecido entre el primero de septiembre y el 22 y 23 de septiembre del año 2024”.

Salles argumentó que dicho plazo fue dictaminado porque “aparentemente” hubo “una investigación en paralelo”. Lo anterior, debido a que el jefe de la Fiscalía Centro Norte, el fiscal, Xavier Armendáriz, expuso en la audiencia que cuando Manuel Monsalve aun ostentaba el cargo de subsecretario del Interior y tomó conocimiento de la denuncia en su contra, la -ahora- exautoridad de Gobierno habría participado de una posible manipulación de las cámaras de seguridad en varios lugares, más allá de los ya inspeccionados, como el restaurante peruano y el Hotel Panamericano, donde supuestamente ocurrieron los hechos denunciados.

Armendáriz destacó en su intervención que “entre el imputado y la víctima hay una relación asimétrica”: “Uno es el jefe de la otra, pero además no cualquier jefe, es una figura pública. Es una figura que tiene peso en el ámbito social, tiene poder, tiene influencia, tiene alcance. No es cualquier jefe“.

En ese sentido, el fiscal indicó que el Ministerio Público estaba en conocimiento de que “han habido gestiones previas”, sin que al persecutor se le presentara “ninguna denuncia, ni ninguna comunicación oficial” de parte de autoridades superiores.

“El imputado ordenó llevar adelante diligencias con sigilo que, su señoría, no sólo consistieron en intervenciones, estas intervenciones de cámaras, sino que además llegaron al círculo íntimo de la víctima”, detalló.

A la solicitud del Ministerio Público respecto del secreto de la investigación, se plegó la defensa de la victima. Así, la abogada María Elena Santibáñez argumentó que en este caso como ningún otro, considerando las características del imputado, así como “el poder que ejercía y que sigue teniendo”, y tomando en cuenta que su representada es una persona subalterna que se encuentra en una situación de bastante vulnerabilidad, resulta manifiesto que el exsubsecretario “podría obstaculizar la investigación“.

“Hay antecedentes claros que han sido señalados por el fiscal Armendáriz de que ya ha hecho gestiones en ese sentido, que tiene que ver con el tema de las cámaras, que además se nos acaba de indicar que fueron retiradas por personal de inteligencia, precisamente, por personas que estaban bajo la dirección del imputado”, apuntó.

Por su parte, la defensa de Manuel Monsalve, Cristián Arias, enfatizó en la necesidad de su equipo de tener acceso a los antecedentes y solicitó que se limitara el secreto de la misma por 20 días.

“No puede ser que el Ministerio Público tenga un privilegio respecto a los jueces, que no fundamenta sus decisiones. Que sea eficaz una investigación, no se explica por si mismo y sobre todo no se entiende, si me dice ‘esto es secreto’ y lo entiendo, pero ¿qué es lo que no es secreto? Lo que el artículo 182 me prohíbe tener secreto. Entonces, no entiendo que parte de la investigación que no este prohibido su secreto y que si tengo acceso, no existe. Si a lo único a lo que tengo acceso, es a lo que la ley le obliga al Ministerio Público a entregarme, entonces es un secreto total. Eso encubre esa justificación que es una frase hecha de eficacia de la investigación, no da cuenta de una fundamentación”, aseveró.

Cabe señalar que en la audiencia de garantías, el Ministerio Público también relató que la exautoridad solicitó otros peritajes de manera irregular al área de Inteligencia de la PDI, en concreto, en uno de los celulares que fueron incautados. Desde la defensa solicitaron la devolución de los teléfonos, al menos del que se habría comprado pasado el 16 de octubre, sin embargo, el juez se negó y accedió a que del nuevo aparato se borraran las conversaciones de WhatsApp con sus abogados, su esposa y sus hijas, además de un chat consigo mismo.