Un portazo del PP en septiembre precipitó el decreto del Gobierno sobre RTVE
- Una reunión a finales de septiembre
- Marcar distancia con el CGPJ
- Diluir al PP
- Negociaciones abiertas con todos los partidos
El Gobierno y la dirección del Partido Popular se reunieron en septiembre para abordar la renovación de Radio Televisión Española. Sin embargo, los populares rechazaron abordar entonces dicha negociación y pusieron fin a las conversaciones para remodelar la cúpula del ente público, según confirman a Confidencial Digital fuentes conocedoras del encuentro.
Este portazo precipitó la decisión del Ejecutivo de cambiar el modelo de elección y rebajar la mayoría necesaria para nombrar al Consejo de Administración, con el objetivo de diluir el peso del PP y poder alcanzar un acuerdo sumando a los socios de investidura.
Una reunión a finales de septiembre
El ministro de Transición Digital, Óscar López, encargado de elaborar y anunciar el Decreto sobre RTVE, se reunió con la cúpula del PP hace un mes. El encuentro se produjo a mediados de septiembre, en mitad de otras negociaciones pendientes, como la del gobernador del banco de España, a la que ambas partes daban total prioridad, como adelantó ECD.
Sin embargo, la renovación del ente público supuso un tema especialmente espinoso para Génova y rechazaron entonces abordar la renovación. “No quisieron saber nada de RTVE”, afirman ahora desde el Gobierno. Fuentes de la dirección popular consultadas por este medio han preferido no hacer comentarios al respecto.
Este portazo, que se produjo a finales de septiembre, supuso la gota que colmó el vaso. Fue entonces cuando López, recién aterrizado en el Consejo de Ministros, decidió que la “única salida” para el desbloqueo pasaba por cambiar el sistema de mayorías para renovar el Consejo sin necesitar el apoyo de los diputados del PP.
Marcar distancia con el CGPJ
El presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, y su equipo siempre han mantenido especial cautela con la renovación dl ente público. Especialmente tras el acuerdo para remodelar el Consejo General del Poder Judicial, que se anunció el pasado 25 de junio. Una facción del PP no vio con buenos ojos el apretón de manos entre el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de acción institucional, Esteban González-Pons.
El PP quiso distanciar ambos acuerdos. Los populares nunca han renunciado a alcanzar un pacto, pero la principal discrepancia con el ala socialista del Gobierno residía en los tiempos. Mientras el PSOE apremiaba para renovar los consejeros del ente público cuanto antes, Génova prefería aguantar más y separar los dos acuerdos, a fin de evitar trasladar una sensación de cercanía con el Ejecutivo después de denunciar la politización de todas las instituciones por parte del presidente, Pedro Sánchez.
Diluir al PP
El decreto aprobado este martes en el Consejo de Ministros amplía el número de directivos, de diez a quince, para dar cabida a otros partidos como Esquerra Republicana, Junts o EH Bildu. La entrada de estas formaciones diluye el peso de los populares en el órgano.
El texto, además, recoge un cambio crucial en el sistema de elección: en primera votación los miembros deben estar respaldados por una mayoría de dos tercios del Congreso de los Diputados, pero en caso de no alcanzarse, será suficiente una mayoría simple. Esta modificación permite al Ejecutivo prescindir del PP para renovar el Consejo de Administración solo con los socios de investidura.
Negociaciones abiertas con todos los partidos
El Gobierno se dispone ahora a abrir conversaciones con el resto de formaciones del arco parlamentario, exceptuando a Vox. López llamará uno a uno a los partidos para acordar la composición del próximo Consejo de Administración. Fuentes gubernamentales admiten que tendrán que ceder asientos a fuerzas políticas que no habían tenido presencia nunca en la cúpula de RTVE, como EH Bildu o Junts.
La idea del Ejecutivo es pactar los nombres con cada formación y aprobar la nueva composición en segunda votación, con mayoría simple. De los quince consejeros, once serán elegidos por la Cámara Baja —donde el Partido Socialista y los socios de investidura tienen mayoría absoluta para designar a sus candidatos— y cuatro por el Senado —controlado por el PP—.
Los populares podrán nombrar, por tanto, a al menos cuatro consejeros, pero en un Consejo de Administración que tendrá quince miembros, no diez.