La gestión del lobo, ¿ciencia o perjuicio?. Bajo este epígrafe, Andrés Ordiz, profesor del Área de Zoología de la Universidad de León (ULE), lidera junto con su compañera Daniela Canestrari y el investigador vasco Jorge Echegaray, la publicación de un artículo científico en el que se pone de manifiesto la falta de coherencia que existe en España y a nivel internacional en la gestión de grandes carnívoros, exponiendo la brecha existente en materia de conservación entre la ciencia y la política. El artículo sale a la luz en el marco del debate social que desde hace años existe en torno a la controvertida situación del lobo, en procesos judiciales en curso en la Audiencia Nacional y una creciente presión de algunos grupos políticos para reducir su protección, tanto a nivel nacional como europeo, planteándose la posibilidad de permitir su caza en más casos y lugares que en la actualidad. Una decisión que, según apuntan Ordiz y sus colaboradores en su artículo, debe basarse en una evidencia científica dado que, a su juicio, la reducción de la protección del lobo a nivel europeo se está planteado sin atender a criterios científicos, a pesar de que la especie «se encuentra oficialmente en un estado de conservación desfavorable». Estudios recientes indican que la distribución actual del lobo en España podría cubrir menos del 30% de su área de distribución histórica a lo que se suma una diversidad genética alarmantemente baja. De ahí la necesidad de incrementar la población del lobo ibérico y su conectividad con otras poblaciones europeas para favorecer su conservación a largo plazo. El doctor Andrés Ordiz recuerda que la ciencia ha demostrado que las medidas de control letal ni son efectivas para reducir los ataques al ganado , pudiendo incluso exacerbar el problema, ni tampoco sirven para reducir la caza ilegal. Es más, varios estudios a nivel internacional señalan que la eliminación de lobos puede aumentar la depredación sobre ganado que no está bien atendido -mediante su recogida durante la noche o el acompañamiento por pastores y perro-, posiblemente como consecuencia de la desestabilización de la estructura de las manadas. Es por todo ello, que los investigadores concluyen que la protección del lobo debe ser coherente con las obligaciones internacionales de conservación de la biodiversidad y cualquier flexibilización en su gestión debería evaluarse cuidadosamente, con datos fiables, para evitar consecuencias ecológicas negativas. «El lobo, como especie clave en los ecosistemas, representa un desafío de gestión en paisajes humanizados, pero también una oportunidad para repensar la coexistencia entre humanos y fauna silvestre», señala Ordiz, que recuerda que mientras el debate sigue su curso en los tribunales, la comunidad científica insiste en que solo un enfoque basado en el conocimiento y en el principio de precaución garantizará la viabilidad a largo plazo de esta especie clave. Los sindicatos agrarios y, en especial, los de Castilla y León han denunciado en reiteradas ocasiones que una de las medidas que más han perjudicado a la ganadería en los últimos años fue la inclusión en septiembre de 2021 del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre).Según los últimos datos recabados por la Consejería de Medio Ambiente sobre ataques a granjas y sobre animales devorados por el lobo, hechos públicos por la Alianza UPA-COAG, la tendencia no para de crecer. Desde enero de 2022 y hasta la fecha, el número de ataques se ha disparado en un 38%, hasta sumar la cifra de 8.386 las veces que las granjas han sido asaltadas por el lobo. El número de reses devoradas en el mismo periodo ha sido de 13.091.Por número de ataques, Ávila es la provincia más castigada, con 3.456, seguida a distancia de Segovia con 1.701. Zamora (947), León (723) y Palencia (640) son las siguientes provincias que más ataques han sufrido en el periodo indicado. A continuación, están Burgos (498), Salamanca (284) y Soria (81). Valladolid es la provincia con menor incidencia, con 56 ataques registrados. Por otra parte, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Castilla y León afirma que hasta el mes de agosto ya se habían abonado 2.494.668,70 euros en concepto de indemnización por los daños de lobo, correspondientes tanto a expedientes del año en curso como a expedientes pendientes de tramitar de anualidades anteriores.
