La directora de la Agencia Tributaria se alinea con el cupo catalán: "Es perfectamente compatible con la cooperación institucional"
La directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, ha decidido dar la espalda a la dura posición de rechazo de sus inspectores contra el diseño de la financiación singular para Cataluña y alinearse de forma transversal con los postulados del Gobierno porque "todavía no hay una propuesta concreta", por lo que reclamó "tranquilidad" y defendió al grupo de expertos designado por la Generalitat de Cataluña a instancias de su presidente, Salvador Illa, para desarrollar la ruptura de la caja común, a cuyos componentes definió como un "equipo de trabajo bastante equilibrado".
En su intervención en la inauguración del XXXIV Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado, ha mostrado su predisposición a asumir las propuestas que envíe este equipo de trabajo y las "tipologías" de trabajo, que serán analizadas para que la Agencia Tributaria tenga un "papel esencial" en esta nueva gestión tributaria, que ve "perfectamente compatible" con la mejora de la "cooperación, corresponsabilidad y lealtad institucional" entre los diversos niveles de la administración tributaria. Pero Fernández no ha querido detallar el alcance real que pueda tener el nuevo sistema de financiación de Cataluña, porque "va a depender de muchísimos factores".
Muy distinta ha sido la postura de la presidenta de la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Ana de la Herrán, que criticó con dureza la intención del Gobierno de permitir financiaciones ad hoc para las autonomías para no traicionar los "principios de eficacia y coordinación en el servicio público", que cree "están en entredicho" ante la "posibilidad de dividir, fragmentar o romper la unidad" de la Agencia Tributaria.
Durante la diferentes ponencias, los inspectores de Hacienda han rechazado de plano que Cataluña recaude y gestione todos sus tributos por ser "inconstitucional" y porque va en "perjuicio para el resto de territorios", provocaría la "fragmentación de la Agencia Tributaria" y "perjudicaría gravemente la lucha contra el fraude fiscal". El portavoz de la asociación, José María Peláez, advirtió que este trato de favor a Cataluña podría permita a otras comunidades "ricas" -como Madrid o Baleares- decidan seguir el mismo camino, lo que llevaría al vaciamiento de la caja única y "no habría fondos a repartir. Se estaría privando al Estado de lograr una cohesión social y territorial entre todas las comunidades y los ciudadanos". Además, alertó que en este "futuro de ciencia ficción" el Estado firmaría su "prñactica desaparición", ya que "se quedaría sin fondos y los gastos los pagaríamos entre todos, como si fuera una comunidad de vecinos"
Peláez también señaló que el marco legal actual no permite esta cesión de impuestos ya que para hacerlo habría que modificar la Ley Orgánica de Financiación autonómica (LOFCA) y la ley que regula este sistema de financiación porque "hay tributos sobre los que no es posible su cesión en ninguna de estas normas", como es el caso del Impuesto de Sociedades. Por tanto, denuncia que se incumpliría "el principio de igualdad y solidaridad" entre regiones, que recoge la Constitución.