Dina Boluarte y un proyecto controversial sobre las futuras reformas en el sistema de justicia
Dina Boluarte presentó esta semana el proyecto ley 9297, con la propuesta para que el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia sea conducido de manera indelegable por la presidencia de la República. La iniciativa es cuestionada por el contexto actual de búsqueda de impunidad e intentos de copamiento de las instituciones operadoras de justicia desde los actores políticos.
El Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia fue creado en mayo del 2019, durante el gobierno de Martín Vizcarra. El objetivo fue impulsar las reformas necesarias en las políticas en materia de justicia y acompañar su implementación.
Esta instancia tuvo un rol activo hasta la gestión del expresidente Francisco Sagasti. En dicho periodo, y con Mirtha Vásquez al frente del gabinete ministerial, el Poder Ejecutivo y los miembros del consejo lograron la aprobación de la política pública de reforma del sistema de justicia, en julio del 2021.
Cuando Pedro Castillo asume la presidencia, el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia pasó a segundo plano. No hubo convocatoria para las sesiones, a pesar de que la ley 30942 establece una reunión mínima por cada mes.
Si bien hubo desidia desde el poder político, los equipos técnicos continuaron con el proceso y la política aprobada tiene un avance en el orden del 30%, según fuentes del Ministerio de Justicia. Desde los espacios técnicos, la propuesta ahora es articular este instrumento de gestión con el CEPLAN (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico).
Dina Boluarte reactivó el funcionamiento del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. Hubo una primera sesión en enero de este año y fue en aquella ocasión que los titulares de la Defensoría (Josué Gutiérrez) y la Contraloría (Nelson Shack), plantearon cambios en la ley sobre la composición.
Las propuestas de cambio
Según un comunicado difundido ayer por el Ministerio de Justicia, el defensor Gutiérrez y el contralor Shack propusieron que la conducción del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia esté a cargo de la presidencia de la República de manera indelegable.
Se trata de un cambio sustancial, ya que actualmente la presidencia del mencionado consejo tiene un carácter rotatorio por año. Es decir, también lo podrían presidir los titulares del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, la Contraloría, la Defensoría e incluso el Congreso.
El proyecto de Dina Boluarte incluye otra modificación para que la secretaría técnica del consejo esté a cargo del Ministerio de Justicia, que depende de Palacio. (En la práctica, desde el 2021, este sector ministerial ya cumple las funciones de secretaría técnica, por acuerdo de los integrantes de la instancia del consejo de reforma).
Momento inoportuno
Consultada sobre el tema, la parlamentaria Ruth Luque consideró que estaríamos ante un nuevo intento de concentración de poder, respecto de un sector clave que es la justicia.
“Todo va a estar concentrado en el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Justicia, que no ha mostrado ninguna postura clave para garantizar un equilibrio adecuado, frente a decisiones que han estado golpeando al sistema de justicia por parte del Congreso”, comentó.
La parlamentaria no descartó que la mandataria pueda estar orquestando con la mayoría del Congreso para imponer un nuevo sistema de justicia.
Cruz Silva, abogada del Instituto de Defensa Legal, sostuvo que, en la coyuntura actual, no hay condiciones para una modificación en relación a la conducción del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. “Menos, si se pretende realizar algún tipo de reforma sobre el sistema de justicia”, alertó.
“Hemos visto iniciativas desde el Parlamento que, sin objeción del Ejecutivo, han ido apuntando a eliminar instituciones como la Junta Nacional de Justicia y a defenestrar a los fiscales supremos con denuncias constitucionales o a derivar las competencias del Ministerio Público a la policía”, cuestionó.
La especialista del IDL subraya que no es el momento para impulsar reformas en el sistema de justicia, menos aún en el contexto vigente en que los actores políticos obedecen a intereses particulares y , muchos de ellos con investigaciones.