El juez no implica de momento a Alvise en la estafa del 'chiringuito financiero' de su patrocinador
Zaballos Abogados, que lleva la representación de más de 300 inversores en la causa por estafa contra Madeira Invest Club (MIC), el "chiringuito financiero" -así lo calificó la CNMV- propiedad de Álvaro Romillo, que denunció haber entregado 100.000 euros a Alvise, asegura a LA RAZÓN que la apertura de una pieza separada en la Audiencia Nacional para investigar por financiación ilegal la campaña europea de Se Acabó la Fiesta obedece a "una cuestión formal para estructurar el procedimiento".
El letrado Francisco Jiménez explica a este diario que el magistrado José Luis Calama ha decidido separar la investigación de esta entrega de dinero en metálico al eurodiputado denunciada por Romillo al no ver que, de momento, que tenga relación con causa principal por la supuesta apropiación de miles de euros en MIC.
"La investigación y, en su caso, enjuiciamiento, de estos nuevos hechos son perfectamente escindibles de la causa principal, además de requerir de una investigación más sencilla, que no precisa de la utilización de instrumentos de cooperación jurídica internacional,
ni complejos análisis financieros, como sí ocurre en las actuaciones principales", señala en el auto el instructor.
No ve el magistrado, explica este despacho que ha asumido la representación de la mayoría de las presuntas víctimas, pruebas por ahora para involucrar al líder de Salf en la presunta estafa piramidal urdida por Romillo y varios colaboradores a través de los servicios para la elusión de impuestos y de inversión en criptoactivos que ofrecía a través de Madeira Invest y varias empresas vinculadas.
Alvise al ser europarlamentario tiene inmunidad y está aforado en el Tribunal Supremo, por lo que sería este tribunal el único competente para investigarle por esta cantidad de dinero que habría recibido, según Romillo, en la sede de una de sus compañías (Sentinel) para afrontar los pagos de parte de la campaña para las últimas elecciones europeas al margen de las obligaciones tributarias y de los límites que para las donaciones a formaciones políticas establece la Ley de Financiación de los partidos.
A cambio, siempre según el empresario, Alvise habría publicitado Sentinel en un acto celebrado en el Hipódromo de La Zarzuela (Madrid) el pasado abril. Sin embargo, la Audiencia no tiene indicios actualmente de que participase o fuese cooperador necesario, lo que pasaría, explican desde Zaballos Abogados, por demostrar que publicitó las empresas de Romillo siendo consciente de que sería un entramado en el detrás había una estafa.
Romillo, en cambio, sí está imputado ya en esta pieza separada y el magistrado Calama le ha citado para que declare el próximo 20 de noviembre, al considerarle forma parte activa de la financiación ilegal que investiga.
En la confesiónante la Fiscalía General el hombre detrás de MIC relata que le comunicó el pasado 27 de mayo a Alvise que podía acercarse a la sede de una de sus compañías, Sentinel, a recoger 100.000 euros en metálico. El político le respondió en un mensaje: "100%. Me posibilitas una parte urgente de la campaña. Mil gracias tío".
Cuando Romillo recibió la confirmación de un empleado de que efectivamente dicha cantidad había sido entregada le escribió a Alvise para volvérselo a confirmar, respondiendo este último que todo ok y que 100.000 gracias".
A las tres asociaciones presentes en el procedimiento principal contra MIC les queda la duda, explica este abogado, de si se le va a preguntar por esta donación bajo sospecha o también se le va a preguntar por la estafa ya que, entiende, que en el segundo de los escenario deben estar presentar todos las personado. Lo desconocen y señala que es algo aún por aclarar.
Respecto a Alvise, por ahora el instructor le ofrece prestar declaración, el mismo día que el empresario, de forma voluntaria.
El controvertido político podría decidirse por someterse a las preguntas del juez, de la Fiscalía y de la defensa de Romillo, y, más tarde, que se adopte la decisión de imputarle, lo que conllevaría la elevación desde la Audiencia de una exposición razonado con los indicios que hacen precisa su imputación, pero, en todo caso, sería el Supremo el que le convertiría o no en investigado.