La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha presentado un recurso por la vía contenciosa-administrativa para solicitar la nulidad del acuerdo salarial firmado el pasado 11 de abril de 2024 entre el Ministerio de Justicia y los sindicatos CSIF y UGT que excluye a los funcionarios de los órganos judiciales andaluces. Dicho acuerdo, publicado en el BOE del 29 de abril, establece una subida de las retribuciones solo a los profesionales de las comunidades autónomas sin las transferencias de Justicia transferidas dejando fuera al resto . Para la Junta de Andalucía este criterio no está justificado dado que el motivo del incremento salarial responde a la Ley de Eficiencia Organizativa con efectos sobre todo el sistema. La Consejería de Justicia ha trasladado esta decisión a los sindicatos que componen la Mesa Sectorial, que se ha reunido este viernes, atendiendo la petición de estos y «en el marco de diálogo social y permanente que se mantiene con los mismos». La Consejería ha destacado el respeto hacia el trabajo diario que realizan los funcionarios de Justicia en nuestra tierra y a sus reivindicaciones, pero ha incidido en que con esta reclamación «se están defendiendo los intereses de los andaluces en general y de los funcionarios en particular ya que la subida salarial se abona con los impuestos que pagan también todos los andaluces». Según los datos difundidos por la Consejería, el acuerdo entre el Ministerio, CSIF y UGT solo afecta a 10.328 funcionarios de Justicia de los 39.500 que hay en España. Andalucía, sin embargo, es la comunidad con más partidos y órganos judiciales y, por tanto, con más profesionales , por lo que se ve especialmente perjudicada. «Los cambios que supondrán las futuras leyes de eficiencia de la Administración de Justicia que se están tramitando en el Congreso de los Diputados afectarán a los trabajadores de todo el país, por lo que la Consejería de Justicia sostiene que el incremento debe recaer en el complemento general del puesto y no en el complemento específico , que negocia cada comunidad para su personal», apunta la Consejería en un comunicado. En la reunión se han recibido también las propuestas de los sindicatos y s e ha acordado la puesta en marcha de diversas medidas incluidas en el Plan de Igualdad (como el abono de las guardias durante los permisos de maternidad y paternidad o por incapacidad laboral por embarazo de riesgo), el manual de permisos o el grupo de trabajo para analizar la consolidación de puestos actualmente ocupados por interinos como estructurales
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