El sindicato CCOO-A, con el respaldo de los grupos de la oposición en el Parlamento andaluz y de distintas entidades y colectivos, ha alzado la voz con protestas en las ocho capitales por los retrasos y problemas en el sistema de la dependencia . Las manifestaciones toman como punto de partida los últimos datos públicos que reflejan que el tiempo medio de espera se ha disparado hasta los 609 días (el mayor índice de España) y que la lista de pendientes se mantiene en torno a las 54.000 personas. Los problemas en la gestión del sistema de la dependencia se arrastran desde hace años, como ha admitido el propio presidente andaluz, Juanma Moreno, al reconocer un modelo «colapsado», debido entre otros factores al aumento progresivo del número de beneficiarios. Pero ha empeorado en los últimos meses debido a las dificultades de implantación de los nuevos sistemas y del «cambio estructural» que está implementando la Consejería de Inclusión Social. Estas modificaciones no han mejorado de momento los resultados pero sí han aumentado el malestar entre la plantilla. La secretaria general de CCOO-A, Nuria López, junto al secretario general de CCOO Sevilla, Carlos Aristu, participaron en la concentración que se celebró en Sevilla ante la sede de la Junta de Andalucía con el lema «la dependencia no espera». «Es la gestión nefasta del Gobierno andaluz lo que hace que las personas dependientes no puedan reclamar el derecho y no pueden echar la solicitud, hay más de 25.000 personas que no pueden. El Gobierno andaluz está poniendo patas arriba el sistema y no conformes con eso tienen una orden que sube el copago a las familias», resumió Nuria López. Desde la oposición, todos los grupos respaldaron las protestas en las distintas ciudades. Fue el diputado José Luis Ruiz Espejo quien puso voz a la postura socialista desde la protesta celebrada en Málaga: « Es urgente un cambio de rumbo porque el sistema no aguanta más el caos y el colapso provocado. Es necesario atender a las reclamaciones de los usuarios, los profesionales y las entidades». En términos similares se expresaron desde Cádiz la portavoz parlamentaria de Por Andalucia, Inma Nieto, y desde Almería, el coordinador de IU Andalucía y diputado por Sumar en el Congreso, Toni Valero. También Adelante Andalucía ha estado presente en las protestas con su portavoz, José Ignacio García, quien difundió un mensaje a través de redes sociales: « Tenemos los peores datos de todo el Estado . Se están riendo de los derechos de una generación de personas mayores dependientes. Es injusto». Vox no estuvo presente en las concentraciones convocadas por CCOO-A, pero sí expresó el día previo su respaldo a las movilizaciones: « Hay motivos de sobra , están empeorando los servicios públicos que recibimos los andaluces», apuntó su portavoz, Manuel Gavira. El Gobierno andaluz, a través de la consejera de Inclusión Social, Loles López, mostró su «respeto» ante las concentraciones aunque al mismo tiempo subrayó que la situación actual deriva de los cambios profundos que se están realizando en un sistema que « era un error y un caos ». «Lo que estamos cambiando es el procedimiento de gestión para que todo sea más rápido, reduciendo muchísimo los plazos desde que se solicita la dependencia hasta que se tiene la resolución con el recurso que necesita la persona», apuntó. La consejera, como ya hizo el presidente andaluz, Juanma Moreno, comparó los datos actuales con las cifras recopiladas por el Gobierno autonómico correspondientes a antes de 2018. «Al PSOE le hago una propuesta: nos sentamos en la mesa y volvemos al sistema antiguo: al de los 1.200 días de espera y nadie decía nada ; al de las 200.000 personas en lista de espera y nadie decía nada; al de cero euros de incremento en la ayuda a domicilio y nadie decía nada; al de los cero euros de subida en el precio por plaza y nadie decía nada. ¿De verdad quieren que volvamos a eso?, porque yo creo que eso es un error», apuntó. La dependencia será de hecho uno de los ejes del próximo Presupuesto Andaluz que inicia el martes su tramitación. El coste del sistema superará los 2.000 millones de euros de los que en estos momentos el Gobierno aporta el 38% mientras que el 62% restante lo aporta el Ejecutivo central. La Junta pide que se eleve al 50% como preveía la ley, una circunstancia que no se produce en ninguna comunidad autónoma. Las críticas andaluzas se centran en el hecho de que el acuerdo de investidura entre el PSOE y el PNV establece el compromiso de llegar al 50% en esta comunidad, circunstancia que de acuerdo con los datos oficiales no se ha cumplido aún.
