Acusación contra Salvador del Solar avanza fuera del plazo
Antes de que termine el año, la coalición congresal buscaría inhabilitar de la función pública al expresidente Martín Vizcarra y a los exministros Vicente Zeballos y Salvador Del Solar, en venganza por la disolución del Congreso del 2019.
Sin embargo, en caso del exministro Del Solar ya no contaría con la prerrogativa de antejuicio y juicio político para que sea acusado en el Parlamento.
El 30 de setiembre del 2019 Del Solar terminó su periodo como primer ministro tras la denegatoria fáctica de la cuestión de confianza que había formulado para que la elección del Tribunal Constitucional (TC) sea por concurso público.
Como se produjo la crisis de gabinete, el expresidente Vizcarra disolvió el Congreso en esa jornada. A partir de ese día, Del Solar no volvió al Ejecutivo.
La prerrogativa del antejuicio y juicio político dura hasta cinco años después de haber dejado de ser alto funcionario. Ese plazo, en caso de Salvador del Solar, se cumplió en setiembre de este año.
El 15 de octubre, el exministro asistió a una audiencia en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) para defenderse de los requerimientos sobre presunta infracción a la Constitución.
El delegado de este caso es el congresista de Fuerza Popular (FP) Héctor Ventura. Fuentes del Congreso explicaron que el fujimorista no debe incluirlo como acusado en su informe final porque ya venció el plazo.
“Se le citó a la audiencia para que participe, pero su declaración solo puede ser tomada como si fuera la de un testigo. El informe final solo puede referirse a Vizcarra y Zeballos. En el caso de Del Solar se debe declarar el vencimiento de la prerrogativa”, precisaron.
El abogado constitucionalista Heber Joel Campos opinó en el mismo sentido: “El plazo para el juicio político es de cinco años, en este caso puntual, ese plazo habría precluido el 30 de setiembre del 2024 porque se cumplieron los cinco años desde que dejó el cargo. Al día de hoy el Congreso no tendría competencias para someterlo a un proceso de acusación constitucional. En ese aspecto la Constitución es muy clara cuando establece un límite temporal en el artículo 99 y, además, así lo prevé a doctrina sobre la materia”, detalló a La República.
Un precedente reciente
El 3 de octubre el Pleno iba a discutir un informe final para acusar al excongresista Roberto Vieira por presunto tráfico de influencias. La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, María Acuña, de Alianza para el Progreso (APP), envió un oficio al titular de la Mesa Directiva, Eduardo Salhuana, para que archive el caso debido a que había vencido el tiempo del antejuicio.
Vieira fue congresista en el periodo 2016-2019. Tras la disolución del Congreso, al igual que Del Solar, dejó de ser alto funcionario. El plazo para acusarlos acabó en setiembre.
El caso se acabaría en noviembre
En la Subcomisión respondieron que la decisión de continuar o no con la acusación contra el ex primer ministro depende del congresista delegado Ventura, quien tiene la responsabilidad de elaborar el informe final.
“El equipo técnico ya realizó su trabajo previo a la caducidad. Si Del Solar no participaba en la audiencia estaba en su derecho, pero él accedió a participar. La SAC no tiene injerencia en lo que decida recomendar el congresista Ventura. Y con respecto a esa recomendación, nosotros no podemos adelantar opinión. Y las decisiones se resuelven con los votos de todos los miembros”, respondieron fuentes de la SAC.
Desde esta comisión informaron que el expresidente Vizcarra y el exministro Zeballos, quienes todavía cuentan con la prerrogativa del antejuicio y juicio político, pidieron reprogramar la audiencia. “Con esas dilataciones puede demorar, pero debe ser antes de que acabe noviembre (la discusión del informe final)”, agregaron.
A un sector de la clase política le preocupa que Del Solar postule en comicios del 2026.
Y en caso de Vizcarra, es el tercer juicio político en su contra. Por el Vacunagate lo inhabilitaron 10 años de la función pública y cinco años por el caso Obrainsa.
Cronograma sobre este juicio político
En 2019 el Ejecutivo consideró que hubo una denegación fáctica de la confianza y disolvió el Congreso.
El 14 de enero del 2020 el Tribunal Constitucional (TC) validó la disolución del Congreso.
Sin embargo, el 19 de junio del 2023 el TC resolvió otro proceso competencial y declaró que la figura de la denegación fáctica de la cuestión de confianza no existe.
El congresista de Renovación Popular Alejandro Muñante, en base a esa decisión del TC, presentó una denuncia constitucional contra Vizcarra, Zeballos y Del Solar.