Javier Milei subastará 400 edificios para reducir gastos estatales
Buenos Aires. El gobierno ultraliberal de Javier Milei subastará más de 400 edificios estatales en toda Argentina, con lo que espera obtener ingresos por $800 millones, informó el viernes un portavoz.
La Agencia de Administración de Bienes “va a subastar más de 400 inmuebles y poner a la venta otras 800 propiedades, con el único objetivo de reducir gastos innecesarios”, dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa.
“Se estima que estos inmuebles tienen un valor total de $800 millones”, añadió.
Adorni detalló que uno de los edificios en venta será la sede en el barrio de San Telmo del antiguo Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, valuado en $12,5 millones.
Argumentando su presunta inutilidad, Milei disolvió este ministerio al asumir en diciembre, una cartera creada por el gobierno de su predecesor Alberto Fernández (centro-izquierda), y lo convirtió en una subsecretaría del Ministerio de Justicia.
Adorni también anunció que el lunes se publicará un decreto que prohíbe los “cargos hereditarios” en la función pública.
La práctica, existente en algunas dependencias estatales y contemplada en sus convenios colectivos, consiste en dar preferencia, bajo ciertas condiciones, a los familiares directos de un empleado fallecido a la hora de reclutar nuevo personal.
Es el caso, por ejemplo, del Banco Central, donde se daba preferencia al cónyuge o al hijo de un empleado fallecido, sujeto a cierta vulnerabilidad vinculada al deceso.
Esta norma fue derogada en 2018 por un decreto del entonces presidente Mauricio Macri (derecha), pero el directorio del Banco Central la restituyó y defendió en 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández.
“Estos resabios de privilegios de sangre, estos vestigios medievales (...) persisten en ciertos estamentos del sector público argentino”, dijo Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación, una cartera creada por Milei para reducir el tamaño del Estado.
El gobierno no proporcionó una estimación de cuántos empleos “hereditarios” existen actualmente en la función pública.