El poder mundial del lobby agrícola

En marzo de este año el cultivador de verduras Florent Sebban dejó la pala y se dirigió a París para sumarse a las masivas protestas de agricultores. Los consumidores, recuerda, quieren comida de alta calidad y amistosa con el  medio ambiente, pero el campo no gana lo suficiente para ofrecerla.

"Los agricultores están en el centro de una posible transición, pero deben financiarles un ingreso estable si quieren que cambien sus prácticas", agrega Sebban.

Esas protestas por las que son famosos los agricultores franceses sólo constituyen una de las formas con las que el sector hace oír su voz. Entre bambalinas el lobby agrícola es una máquina enorme y compleja, con vastos recursos, profundas conexiones políticas y una avanzada red de expertos legales y de relaciones públicas.

"El lobby agrícola ha sido uno de los más exitosos en Europa en cuanto a conseguir lo que quieren a lo largo de mucho tiempo", resume Ariel Brunner, director para Europa de la organización no gubernamental BirdLife International.

Grupos del sector gastan entre 9,3 y 11,5 millones de euros anuales sólo en hacer presión sobre Bruselas, indica un estudio reciente de la Changing Markets Foundation, otra ONG.

En Estados Unidos las asociaciones agrícolas son "enormemente poderosas", apunta Ben Lilliston, director de estrategias rurales y cambio climático en el Instituto de Agricultura y Política Comercial. "Nuestra política agrícola es, en gran medida, la política de ellos".

El gasto en lobby del sector en EE.UU. pasó de u$s 145 millones en 2019 a u$s 177 millones el año pasado, más que todo lo que gastó el sector petrolero y gasífero, señala un análisis de la Unión de Científicos Comprometidos (UCC).

En Brasil, donde los agronegocios aportan un cuarto del PBI, el Instituto Pensar Agropecuária es "el grupo de lobby más influyente", asegura Caio Pompeia, antropólogo e investigador en la Universidad de San Pablo. "Combina fuerza económica con objetivos claramente definidos, una estrategia bien ejecutada e inteligencia política", agrega.

Como consecuencia de esa llegada, las grandes agroempresas y los agricultores han conseguido exenciones a exigentes regulaciones ambientales, obtuvieron subsidios significativos y mantuvieron franquicias impositivas favorables.

El sector alega que todo eso es necesario para proteger el nivel de vida de los agricultores en tanto procuran alimentar a más personas con alimentos de mejor calidad y bajo costo.

Bayer, el grupo alemán de agroquímicos y ciencia de cultivos que también es dueño de Monsanto en los Estados Unidos, sostiene que hacer presión "es una parte esencial del proceso democrático" y que son las crecientes restricciones regulatorias las que ponen en riesgo los esfuerzos de los agricultores por producir más comida con menos recursos y menores emisiones.

Pero algunos críticos temen que el poder del sector lo proteja frente a la necesidad de modernizarse y descarbonizarse, al tiempo que los grandes grupos del negocio pasan por encima de los intereses de otros usuarios u otros dueños de tierras.

A diferencia de otros lobbistas prolíficos, como los de las industrias de la energía, la defensa o el tabaco, la agricultura proyecta una imagen pública de pasturas bucólicas y hombres y mujeres comunes que cuidan el ganado.

"A todos nos gusta la idea del pequeño agricultor, es la idea romántica de la agricultura que tienen a veces quienes no son del campo y viven bastante bien", observa Maired MacGuinness, comisaria de la UE que antes integró el comité de agricultura del parlamento europeo.

Lilliston apunta que la "mezcla de mucho dinero, poder empresario y lobby, pero también la movilización de las bases" es lo que vuelve tan "formidable" al lobby agrícola.

Los sistemas alimentarios son responsables de entre el 21% y el 37% de las emisiones de gases de invernadero dependiendo de qué se incluya, indica la Comisión Intergubernamental sobre Cambio Climático. Más de la mitad de esas emisiones proviene específicamente de la cría de animales.

Pero la agricultura ha sido uno de los últimos sectores en los países desarrollados en afrontar límites vinculantes a las emisiones de carbono. Es una de las pocas industrias que no figuran en el sistema de canje de emisiones de la UE, aunque ya hay propuestas en discusión.

En los Estados Unidos está exento del programa para reducir las emisiones de metano, mientras que en Brasil el Frente Parlamentario por la Agricultura (FPA), un gran bloque legislativo cuya influencia se ha ampliado significativamente en el último decenio, consiguió el año pasado que se excluyera a la agricultura y la cría de ganado primaria de una ley que creaba un mercado regulado de carbono.

También contribuyó a que se aprobara una ley que restringe los reclamos indígenas de tierras, aunque explicó que lo hizo porque quería más claridad en torno a los títulos de propiedad y la reducción de los conflictos rurales, y no porque rechace los derechos de los pueblos originarios.

Nusa Urbancic, directora ejecutiva de la Fundación de Mercados en Cambio, dice que en tanto se ha vuelto claro el aporte del campo a las emisiones -la producción de carne es, por caso, la mayor fuente causada por el hombre emisiones de metano-, los sectores de la carne y los lácteos consiguieron convencer a los gobernantes de un "excepcionalismo agrícola".

Esto ha generado un método regulatorio de "zanahorias sin garrotes" que confía en las acciones voluntarias y los incentivos financieros, agrega.

La producción de comida también recibe un considerable apoyo estatal. Gobiernos de todo el mundo gastan unos u$s 520.000 millones anuales en subsidios agrícolas, señala un análisis de Business for Nature and Earth Track. En la UE, los subsidios agrícolas conforman un tercio del presupuesto total del bloque.

Para proteger sus intereses los sectores agrícola y alimentario copiaron el manual que usaron los sectores del tabaco y los combustibles fósiles, subraya un informe de la Fundación de Mercados en Cambio.

La primera jugada, explica Urbancic, es "esencialmente el lavado ecologista": distraer a consumidores y gobernantes promoviendo medidas para reducir las emisiones. La segunda es alentar a los gobiernos a que demoren las regulaciones ambientales hasta tanto el sector adopte acciones voluntarias. Por último, entorpecer las regulaciones mediante el lobby y abultadas donaciones políticas.

El Meat Institute, un grupo de presión estadounidense que representa a compañías grandes como JBS o Cargill, declaro que aspira a metas ambiciosas en línea con los objetivos ambientalistas, "porque la evidencia indica que la carne no sólo puede ser sustentable sino que es, en efecto, esencial para la seguridad alimentaria y las soluciones climáticas".

Entidades del sector y agroempresas han financiado campañas que plantean dudas en torno a hallazgos científicos que influyen sobre los gobiernos, o investigaciones alternativas que suelen presentar datos más favorables para la industria, alegan académicos y ONGs.

"Sólo tienen que decir que los estudios no fueron lo suficientemente extensos; que no registran la cantidad adecuada de personas; que arrojaron resultados no concluyentes", enumera Marion Nestle, profesora de nutrición, estudios alimentarios y salud pública en la Universidad de Nueva York.

Henning Steinfeld, ex director de la unidad de análisis de ganado en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), indica que funcionarios dentro de la propia ONU "rebajaron" y "difamaron" a su equipo durante más de una década luego de que en 2006 publicaran las primeras estimaciones de las emisiones de gases de invernadero del sector ganadero.

Este año dos académicos acusaron a la FAO de mal interpretar su investigación en un estudio que proponía elevar la producción de carne para mejorar las dietas en países en desarrollo, pero haciendo poca mención de que también pedía reducir el consumo en los más prósperos para reducir las emisiones.

La reducción del consumo de carne en países de altos ingresos "no se mencionaba ni una vez (en el estudio), cuando hay un consenso científico respecto a que se precisan grandes reducciones", acota Paul Behrens, profesor adjunto en la Universidad de Leiden, y autor de una carta de protesta a la FAO.

Tanto él como Steinfeld señalan que diplomáticos asignados a la FAO hacen presión indirecta a favor de la industria agroalimentaria. "Los propios países están influenciados por intereses del sector privado", insiste Steinfeld.

Máximo Torero, economista jefe de la FAO, lo desmiente. "La FAO es una de las pocas entidades en el mundo en la que su trabajo técnico no es aprobado por los miembros", explica. "Recibimos presiones (de gobiernos nacionales). Nos llaman pero eso está bien...A fin de cuentas, no pueden obligarme a cambiar nada", asegura.

Grupos de agricultores y agroempresas aclaran que las acciones de presión son necesarias para proteger a los agricultores y salvaguardar la seguridad alimentaria.

Pero las reuniones regulares entre Copa-Cogeca, el organismo que agrupa a sindicatos agrícolas y cooperadoras en la UE, y funcionarios del bloque indican que el alcance del lobby se ha "institucionalizado", dice Brunner.

Patrick Pagani, secretario general en funciones de Copa-Cogeca, replica que hacer lobby es una práctica normal y "transparente" porque el organismo publica videos con las argumentaciones de sus presidentes.

"Es de importancia primordial que los legisladores de la UE, al crear la legislación, escuchen a los actores que deben implementar esas leyes sobre el terreno", añadió.

El FPA de Brasil señaló que "la agricultura y el medio ambiente van de la mano" y defendió su apoyo a una controvertida ley aprobada el año pasado que relajaba las normas vinculadas a pesticidas. La reducción de la pérdida de cultivos y el aumento de la productividad "contribuirá a la seguridad alimentaria, con alimentos más sanos en la mesa de los brasileños", agregó.

Agricultores europeos protestan que la burocracia los asfixia en momentos en que muchos se debaten con el aumento de los insumos tras la pandemia y la guerra en Ucrania, que infló los precios de la energía y los fertilizantes.

La legislación del Acuerdo Verde de la UE, bosquejada en 2019, fijaba propuestas para reducir el uso de pesticidas y mejorar los sistemas alimentarios, además de reducir las emisiones en establecimientos de escala industrial.

En Estados Unidos el gobierno de Biden presentó planes de reducción de emisiones y la iniciativa "30x30" que procura conservar al menos el 30 por ciento de las tierras y el agua de Estados Unidos hacia 2030.

Las dos propuestas amenazan a la agricultura debido a su uso intensivo de energía, agua y tierras, protestan grupos de presión agrícolas de EE.UU.. Agregan que los incentivos para la práctica de una agricultura consciente del clima se quedan cortos.

"Los márgenes de ganancia de los estancieros son muy delgados y siguen reduciéndose a la hora de producir carne frente al cambio climático y al clima extremo", argumenta Meredith Ellis, criadora de ganado que usa métodos de pasturas sustentables en su campo de 1.200 hectáreas en Texas.

Aunque financiar el incentivo de las prácticas sustentables es un paso positivo, Ellis acota que por el momento el costo de las soluciones climáticas recae sobre los productores, por eso alienta a Estados Unidos a tomar distancia de "las tácticas punitivas como el impuesto general al metano".

La amenaza de tener que invertir grandes sumas en la descarbonización impulsó una ofensiva incluso mayor de parte del sector para proteger los subsidios en ambas costas del Atlántico. Los críticos alegan que de ese modo se fomenta la sobreproducción de cultivos como maíz y porotos de soja, que en su mayoría se dirigen a alimentar animales o biocombustibles.

Entre 2019 y el año pasado, grandes agroempresas, asociaciones sectoriales de alimentos y agricultura y otros grupos de interés informaron de unos u$s 523 millones en gastos de lobby a escala federal, indican analistas de la UCC. La Cámara de Comercio estadounidense, la Federación de Oficinas Agrarias Estadounidenses y Koch Industries figuraron entre los que más gastaron. Todos se negaron a hacer comentarios, o no respondieron a consultas.

Buena parte de sus campañas se concentraron en la próxima ley de alimentos y agro, que se cree desembolsará u$s 1,5 billón en un decenio. La mayor tajada de ese financiamiento irá a programas de nutrición, y el resto a agricultura.

Raj Patel, del centro de estudios en sustentabilidad IPES-Food, dice que los beneficiarios van desde compañías de pesticidas a productores de carne, en tanto la porción mas significativa se destina a asegurar a los terratenientes, quienes podrán pedir compensaciones en caso de que fracasen sus cosechas o haya una caída brusca en los precios.

El proyecto de ley más reciente debía haberse aprobado en septiembre de 2023, pero se encuentra demorado. Analistas de la UCC descubrieron que aportantes políticos con vínculos en las grandes agroempresas donaron u$s 3,4 millones en aportes de campaña a los principales arquitectos del proyecto, uno de los cuales es el republicano Glenn Thompson, titular de la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja.

En la UE algunos grupos de presión ya toman posiciones en torno a la próxima gran revisión de la Política Agrícola Común (PAC), que entrará en efecto en 2028.

La versión actual ha sido criticada por los agricultores debido a sus intentos de vincular los pagos a un mejor rendimiento ecológico y a la reducción en el uso de pesticidas. Después de protestas generalizadas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prometió que la próxima PAC será "específica" y buscará "el equilibrio adecuado entre incentivos, inversiones y regulaciones".

Pero un funcionario de la UE replica que mientras la mayoría de los otros sectores tienen metas abarcadoras sobre la reducción de emisiones, "la agricultura sigue obsesionada en cómo torcer la PAC".

Brunner de Birdlife opina que esa "obsesión" es en parte lo que concedió tanto poder a las entidades agrarias. "En Italia, por caso, un agricultor tiene que pasar por la asociación dominante si quiere conseguir subsidios", agrega. "A los que desean recibir ayuda en sus ingresos les conviene no meterse con quienes se ocupan del papeleo".

Algunas investigaciones indican que los grandes campos o terratenientes cosechan beneficios mucho mayores en paquetes de subsidios que los cultivadores de pequeña escala, a pesar de que los segundos suelen ser la cara visible de las campañas de presión. "Son los que prestan testimonio ante el Congreso o hablan con la prensa, y no el CEO de JBS", precisa Lilliston.

Entre 1995 y 2023 alrededor del 27 por ciento de los subsidios al campo en Estados Unidos fueron para el 1 por ciento más rico, señala la ONG Enviromental Working Group. En la UE, el 80 por ciento del dinero entregado en función de la PAC va a sólo al 20 por ciento de los establecimientos.

Esto ha causado algunas tensiones dentro del sector. Sebban, el cultivador de verduras, protesta que el lobby agrícola "secuestró" las protestas de la primavera boreal y pone el acento en la desregulación, que favoreció los intereses de las grandes fincas industriales y las agroempresas, mientras que la preocupación principal de los agricultores corrientes eran los ingresos insuficientes.

Agrega que la Fnsea, el principal grupo de presión agrícola de Francia, "no tiene interés en garantizar ingresos para los agricultores", sino un "enorme interés" en fomentar el uso de pesticidas, porque su titular, Arnaud Rousseau, es el presidente de la compañía agroindustrial Avril. La Fnsea rechazó hacer comentarios.

A escala de la UE, Marion Picot, secretaria general de CEJA, el principal grupo del bloque que nuclea a agricultores jóvenes, dice que sus miembros a menudo se sienten acallados por las voces más dominantes de Copa-Cogeca. "Queremos asegurarnos de que los agricultores jóvenes sean visibles en otros grupos", apuntó.

Pero el ex secretario general de Copa-Cogeca, Pekka Pesonen, responde que son el grupo de presión sectorial más representativo en Bruselas. También tienen peso internacional. Cada dos años directivos de Copa-Cogeca se reúnen con colegas de la Federación Agrícola Canadiense, la Oficina Agrícola Estadounidense y el Consejo Nacional Agropecuario de México.

Según un comunicado divulgado antes de la más reciente de esas reuniones, debían discutir "temas apremiantes que afectan a la agricultura" y "colaborar y compartir ideas para trabajar en pos de soluciones".

Ese tipo de coordinación mundial otorga más influencia a los grupos agrícolas, observan sus críticos. "Trabajan en todos los niveles del gobierno y en los foros internacionales -dice Lilliston-. Hacen todo lo que pueden para ejercer su poder".