Blindaje político-electoral de la 4T
Las elecciones judiciales, lejos de ser un mecanismo que democratice el acceso a la justicia, implica una fórmula eficaz para subordinar al Poder Judicial a las directrices y mandatos de la 4T, al tiempo que anular el principio de la división de poderes y garantizar juezas y jueces a modo, que interpretarán la ley conforme a los intereses del gobierno y de sus mayorías parlamentarias.
Faltaba el candado que hiciera imposible la revisión de las reformas constitucionales y de los procedimientos para generarlas. Adán Augusto López y compañía lo encontraron, en la llamada iniciativa de supremacía constitucional que será aprobada esta semana en la Cámara de las Diputaciones y, probablemente, en la mayoría de los congresos locales. Se trata de modificaciones y adiciones a los artículos 105 y 107 para establecer que las modificaciones a la Carta Magna no puedan ser impugnadas ni suspendidas, dado que, en contra de ellas, no procederán ni las controversias constitucionales ni las acciones de inconstitucionalidad ni el juicio de amparo.
El oportunismo y la saña con la que actúan las mayorías parlamentarias de Morena, PT y PVEM genera diferencias hasta entre ellos mismos, que se evidenciaron en la postura pública de Arturo Escobar, quien luego de expresar que no apoyaría la iniciativa, se retractó para decir que no había ruptura del pacto verde con Morena; pareciera, incluso, que la presidenta de la República no fue quien ordenó la promoción de esa iniciativa que luego avaló diciendo que se había matizado. Lo cierto es que la estrategia morenista para que no se detenga la implementación de la reforma judicial se ha vuelto errática y hasta despectiva. Baste recordar la absurda arrogancia de Fernández Noroña después de aprobarse la iniciativa en la Cámara de las y los Senadores, al agradecerle a la oposición que agilizara el debate.
No hay vuelta de hoja ni marcha atrás. La 4T tiene prisa por concretar las elecciones de las y los integrantes del Poder Judicial Federal, sin que sea importante que costarán mucho más que las últimas elecciones presidenciales. Blindan el proceso desde la tribuna de las mañaneras, despedazando el prestigio de las personas juzgadoras que se oponen y de las propias instituciones judiciales, al amparo del uso abusivo del discurso que quiere construir la legitimidad de los cambios en la voluntad del pueblo.
La avalancha reciente de reformas, y las que vienen, está generando que de facto la 4T reescriba la Constitución, sustituyendo los pactos políticos que le dieron origen por una visión unilateral, para quitarle relevancia y convertirla en una ley ordinaria que puede ser modificada en el momento y en el sentido que la alianza gobernante necesite.
Las reformas nos llevan en reversa, deshaciendo los controles institucionales al poder. No importa que los griegos le hayan enseñado al mundo las bondades de equilibrar su ejercicio y que, más tarde, Locke y Montesquieu desarrollaran la teoría de su división. En cambio, los ajustes actuales a la Constitución, sin recato alguno, con la reforma de supremacía constitucional, eliminan la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación o, lo que quede de ella, pueda ejercer el recurso de revisión constitucional diseñado por la teoría norteamericana para darle fortaleza al Poder Judicial y otorgarle el rol de garante de la constitucionalidad en la emisión de leyes y en diversos actos del gobierno. Supremacía constitucional morenista al revés.