El Congreso da más margen al Gobierno para hacer permanentes los impuestazos a la banca y las energéticas en la ley del tipo mínimo a las multinacionales
El Congreso da un balón de oxígeno al Gobierno para perpetuar sus impuestos extraordinarios a la banca y a las energéticas. La Mesa del Congreso ha acordado este martes ampliar el plazo de enmiendas a la ley que crea un impuesto complementario para asegurar una tributación mínima de las multinacionales, con lo que el Gobierno gana tiempo para acordar la conversión en impuestos permanentes del gravamen sobre la banca y las energéticas, que se iban a incorporar a esta norma para evitar que decaigan a final de año. Según han confirmado a EFE fuentes de la Mesa, el plazo de enmiendas parciales a este texto, que se iba a cerrar este miércoles tras varias prórrogas -entró en el Congreso en junio-, se volverá a ampliar hasta el 6 de noviembre.
La conversión en permanentes de estos gravámenes solo puede hacerse con una ley, cuyo trámite parlamentario se prolonga durante varios meses, por lo que, en este momento, la única opción es incluirlos en un texto que ya haya iniciado el procedimiento. El Gobierno se había resignado a perder los impuestazos en 2025 tras el rechazo de Junts a apoyar su extensión porque pondría en peligro las inversiones en Cataluña. "Si el Gobierno no cuenta con una mayoría suficiente, no podrá cumplir con que esos impuestos permanezcan a lo largo del tiempo", admitió la vicepresidente primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante su participación en la sesión de clausura de la tercera edición de las jornadas Metafuturo de Atresmedia. No obstante, este aplazamiento le da una última esperanza al Gobierno para perpetuar estos tributos y cuadrar sus cuentas para los próximos años.
El plan de ajuste fiscal enviado por el Gobierno a Bruselas hace dos semanas recoge un incremento de la recaudación de 5.000 millones de euros anuales durante los próximos siete años, cimentado en hacer permanentes los impuestos extraordinarios a la banca y a las energéticas (que aportaron 2.860 millones de recaudación en 2024) y en la normalización del IVA de los alimentos y la luz para así cumplir con las reglas fiscales que le exige la UE. A esto habría que sumar una subida fiscal a “quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir cien vidas”, como afirmó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando arrancó el curso político.
Entre las medidas fiscales pendientes de adoptar antes de final de año también figura la propuesta de neutralizar el impacto recaudatorio de la anulación de la reforma del impuesto de sociedades de 2016, incluida en la uno de los paquetes anticrisis pendientes de tramitar en el Congreso.
Este proyecto de ley en el que el Gobierno pretende hacer permanentes los tributos temporales a la banca y a las energéticas transpone una directiva europea que pretende regular el denominado Pilar 2, por el que se pretende evitar una competencia fiscal a la baja entre países en el impuesto de sociedades. En España ya opera una tipo mínimo efectivo del 15% de la base imponible para empresas que facturan más del 20 millones de euros, que ahora se complementa con el nuevo tributo, sin que suponga una doble imposición.
Este impuesto complementario afectará a los grupos con una facturación superior a 750 millones de euros, de manera que garantizará que tributan al menos un 15% de su resultado contable ajustado en cada uno de los territorios donde operan. La ampliación del plazo de enmiendas ajusta aún más el plazo para aprobar la transposición de la directiva -que ya está fuera de plazo- antes de final de año, ya que todavía tiene que pasar por comisión, Pleno y el Senado.