El Ministerio de Trabajo ha puesto sobre la mesa una última concesión para tratar de convencer a las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme para que firmen un acuerdo tripartito con los sindicatos para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. Ofrece un plan de ayudas directas de hasta 6.000 euros para las empresas de menos de cinco trabajadores de los sectores del comercio, hostelería, limpieza, peluquerías y agricultura con un coste aproximado de 350 millones de euros. Estima el departamento que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz que de esta línea de subvenciones se podrían llegar a beneficiar unas 470.000 empresas de estos cinco sectores. En este sentido, el Gobierno ha lanzado un ultimátum a CEOE y Cepyme para que el próximo 11 de noviembre en una última reunión comuniquen si aceptan o no la propuesta conjunta del plan de reducción de jornada, al que se suman las bonificaciones para la contratación de nuevos trabajadores y ampliación de jornadas a tiempo parcial por causa de la implantación de la reducción de jornada, además del plan de acompañamiento para estos pequeños negocios vía SEPE. No en vano, pese a esta última cesión, parece complejo que las organizaciones dirigidas por Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva acepten la propuesta conjunto, toda vez que desde las organizaciones empresariales insisten en mantener distribución y fijación de la jornada de trabajo en el perímetro de la negociación colectiva. En caso de que las patronales trasladen un «no» a esta última propuesta, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey , deslizó que se procederá a una negociación bilateral con los sindicatos en la que cambiaría la geometría de la propuesta. Es decir, advierte el Gobierno de que si CEOE y Cepyme no firman el acuerdo se podrían retirar las ayudas para las empresas. En todo caso, el número dos de Yolanda Díaz señaló que esta mesa tiene los días contados toda vez que se procedería a articular el texto normativo que resultará en una reforma del Estatuto de los Trabajadores para recoger als 37,5 horas por ley y proceder a la aprobación de un anteproyecto que iniciaría su trámite parlamentario en los últimos compases de 2024. En tal caso, la medida no estaría aprobada al menos hasta la primavera de 2025 . En este sentido, el Gobierno viene tratando de ablandar la postura incipientemente negativa de la patronal, que ha reclamado desde un primer momento que el abordaje de la tiempo de trabajo se circunscriba al ámbito de la negociación colectiva, donde empresarios y sindicatos tienen abiertas más de 4.000 mesas de negociación en las que se determinan las condiciones de trabajo a nivel empresa, sectores, provincias, regiones, teniendo en cuentas las diversas particularidades que determinan el ámbito de funcionamiento de las diferentes actividades. No obstante, pese a esta postura que implica un rechazo de base el Ministerio de Trabajo ha ido poniendo sobre la mesa sucesivas concesiones para tratar de atraer a CEOE y Cepyme al acuerdo tripartito con los sindicatos, que además dotara a la futuro proyecto de ley de una mejor expectativa en también pedregoso trámite parlamentario que se prevé una vez que el Consejo de Ministros de luz verde a la medida. Primero se planteó la duda razonable de los plazos , toda vez que el acuerdo de Gobierno que ha dado pie a la negociación para la reducción del tiempo de trabajo preveía una primera rebaja a 38,5 horas en 2024 y hasta 37,5 horas en 2025 . Desde la patronal demandaron una flexibilidad temporal para dar al menos tiempo al vencimiento de los convenios colectivos de modo que no se propiciase un embudo de negociaciones múltiples para ajustar este precepto. Un punto que el Ministerio de Trabajo consideró en cierto sentido llegando a dar de plazo el próximo año entero para trasladar este aspecto a los acuerdos entre empresas y trabajadores. En segunda instancia desde CEOE y Cepyme advirtieron del diverso impacto que tendría esta medida en los diferentes sectores de actividad, ya que las especificidades de funcionamiento dificultan a niveles extremos la adaptación en algunos casos, mientras que en otras áreas esta jornada de 37,5 horas ya está implantada por convenio. Según apuntan, en este momento la jornada media pactada por convenio para los 12 millones de asalariados bajo este paraguas se sitúa en torno a las 38,2 horas semanales. Aquí, el departamento de Yolanda Díaz planteó una flexibilización de la distribución irregular de la jornada de trabajo, manteniéndose el máximo permitido sobre los topes establecidos con la actual jornada de trabajo y no sobre la nueva de 37,5 horas. Sin embargo, el alcance de esta concesión es nulo ya que en la propuesta se mantiene el máximo de 180 horas anuales a distribuir de forma irregular. Un aspecto ya recogido en el Estatuto de los Trabajadores del que se benefician los sectores con marcados picos de actividad en los cuales se permite a la empresas concentrar horarios y que los trabajadores realicen jornadas por encima de las ocho horas diarias.
