Génova pisa el freno con Sánchez en el Senado a la espera de Aldama
El PP calienta motores en el Senado a la espera de que al sumario del «caso Koldo» se incorporen pruebas de la relación directa entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el empresario Víctor de Aldama, en prisión y señalado como el eje de la «trama Ábalos».
En Madrid se consolida la expectativa de que la investigación de la UCO acumule pruebas de esa presunta relación directa de Sánchez con Aldama, con la esposa del presidente, Begoña Gómez, también de por medio. Y en Génova están a la espera de ver si se confirman las informaciones que les llegan para activar las herramientas que manejan en la comisión de investigación de la Cámara Alta. Quieren llevar a Sánchez cuando esté «lo más cercado posible por las investigaciones en marcha». Y también en el momento político que más daño pueda hacerle en la relación con sus socios.
Aldama es el conseguidor de la «trama Koldo» con el que se fraguó el negocio de las mascarillas. Los investigadores sospechan que ejerció un papel de «comisionista», que tenía un pase especial en el Ministerio de Transporte y sabía de antemano los procesos de adjudicación que iban a salir. Además, las nuevas filtraciones de la investigación también le sitúan en el rescate de Air Europa. Habría creado en Portugal hasta siete sociedades, presuntamente para sacar de España los beneficios que habría obtenido de los contratos.
Lo que sí han hecho ya los populares es intensificar las citaciones en la comisión que fiscaliza el «caso Koldo». Hoy aprobarán una ampliación del objeto de investigación para indagar en toda la corrupción de la trama que define a Pedro Sánchez como el 1, y pondrán fecha a las comparecencias de los ministros de Transporte, Óscar Puente; y de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Así como a la ex titular de Exteriores Arancha González Laya.
Por otra parte, el Gobierno ya empieza a retrasar hasta por lo menos el mes de marzo la expectativa de que haya unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, con independencia de que se apruebe un techo de gasto ajustado a las exigencias de Carles Puigdemont, y que permita a las comunidades autónomas, y a la Generalitat de Cataluña, elaborar sus cuentas para el próximo ejercicio con una cifra de gasto más elevada.
Moncloa necesita ganar tiempo con los Presupuestos a la espera de que escampe el escándalo del caso Ábalos y la investigación a Begoña Gómez. Pero esto no es lo que indica la agenda de la investigación de la Guardia Civil ni tampoco la de los socios de la coalición.
En una posición de máxima debilidad, los socios saben que pueden apretar porque el Gobierno necesita «algo», «a cualquier precio». Pero el problema está ya casi más en el lado de Podemos que en el de Junts. «No hay nada que Sánchez pueda dar para que los de Iglesias le apoyen los Presupuestos».
Las bases de Podemos ya han establecido dos líneas rojas imposibles de ejecutar: que el Gobierno rompa con Irael y que baje los alquileres un 40 por ciento. La propuesta de la dirección de Ione Belarra salió adelante con casi el 90 por ciento de los votos de la militancia y complica al máximo la aprobación de los Presupuestos de Sánchez. Podemos, fuera de los gobiernos y de las instituciones, no tiene ningún interés en entregar esta carta a Sánchez y por eso fija unas condiciones insalvables, pero que tienen buena prensa dentro de su militancia.
La guerra en la izquierda es otro inconveniente más para que el presidente del Gobierno pueda cumplir su objetivo de aprobar unos nuevos Presupuestos que le faciliten afrontar con más respiro lo que queda de legislatura. Siempre dentro de un marco de incertidumbre total, ya que Junts, aunque puede colaborar en el techo de gasto si consigue nuevas exigencias, empieza a ver en el horizonte a medio plazo la posibilidad de hacer el gesto de apoyar una moción de censura al presidente del Gobierno, por la corrupción, que vaya acompañada por parte de Alberto Núñez Feijóo de una convocatoria inmediata de elecciones generales.
En estos momentos, la viabilidad de los Presupuestos depende de que Sánchez ofrezca a sus socios ofertas irrechazables, y esto supone hacer cesiones que, a la larga, tendrían un nuevo efecto desestabilizador.
Las diferencias entre sus apoyos de investidura han laminado la posibilidad de que el Gobierno siga jugando en esta legislatura con temas sociales, como sí hizo en el anterior mandato. Y lo mismo le sucede en materia fiscal. Mientras, en el principal partido de la oposición, sostienen: «No podemos infravalorar la capacidad de sumisión de Sánchez».