«¿Qué harías tú al saber que la persona que educa a tus hijos golpeó y humilló a los suyos?»: la petición para reformar la ley de Infancia que arrasa

«Está ocurriendo en un instituto público de Zaragoza [el Instituto Goya]: la persona que enseña moral y conducta a los menores está condenado a siete años de prisión por maltratar física y psicológicamente a su expareja y a sus tres hijos». La denuncia la hace Lucía Gutiérrez , en Tres Cantos (Madrid), «pensando en que su hijo pueda ser el próximo» cuyo aprendizaje dependa de un docente con antecedentes penales. Pide que España siga los pasos de Reino Unido y Estados Unidos con una reforma de la ley de Infancia, la Lopivi. En cuanto Lucía registra su petición en Change.org , tal y como cuentan desde la plataforma a ABC , se recogen más de 23.000 firmas en unas horas y se denuncian casos similares en otros centros, como el de un profesor de Primaria de Baracaldo (Vizcaya). Ella interpela: «¿Qué harías tú si sabes que quien está educando a tus hijos empujó en muchas ocasiones a los suyos, los golpeó, agarró por el cuello, amenazó, insultó y humilló?». Lucía lo sabe bien, porque es amiga y compartió parte del «infierno» vivido por Paloma Delgado. La mujer que comenzó a ser maltratada a los diez días de su boda y lo fue durante doce años de matrimonio expone su caso nuevamente para impedir que estos docentes sigan ejerciendo, aunque reivindica que no ha querido convertir la iniciativa en «una cacería pública contra su ex». No obstante, es la cara visible: «Quiero que sirva para poner sobre la mesa que actualmente solo se impide ser profesor a quien tiene antecedentes por delitos de naturaleza sexual , mientras es legal que una persona que da palizas durante años a su familia sea el modelo» referencial para muchos alumnos. De hecho, en el instituto donde este curso imparte clases el agresor se ha producido recientemente una sentada de alumnos y padres como protesta al trascender su pasado. «Es interino, cada año está en un centro, y se acaba sabiendo. Pero desde las autoridades se zanja el tema diciendo que es legal», afirma esta médico de atención primaria en el rural oscense. Ambas madres reclaman que se modifique el artículo 57 de la Ley Orgánica 8/2021 y se amplíe la exigencia de un certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales a todo el que tenga una condena por violencia familiar. La Audiencia Provincial de Huesca condenó al exmarido de esta doctora por maltrato continuado, pero computó las penas individualmente y permitió el régimen de visitas a sus tres hijos, que entonces tenían 6, 9 y 11 años. Por consejo de una amiga ella aportó en el juicio 37 vídeos con 18 horas de vejaciones . Él se libró de la cárcel conmutándola por trabajos para la comunidad que incumplió, una multa de 1.530 euros y un programa formativo de violencia de género. Ella inició una larga (el primogénito ya es mayor de edad) batalla judicial para que su expareja no pudiese acceder a ese régimen de visitas. Él no ha pedido volver a ver a sus hijos pero podría hacerlo. En septiembre de 2025 vence la suspensión de la patria potestad, por lo que el padre podría reencontrarse con la benjamina. Esta doctora cree que lo que le prometieron hace dos años cuando compareció en las Cortes de Aragón y consiguió el respaldo a coro a su petición por parte del Defensor del Pueblo, el Justicia de Aragón (figura similar en lo autonómico) y partidos políticos ha caído en saco roto. Esta iniciativa sirve para hacer memoria. Paloma también la hace: «Lo que pido es coherencia social : quieren que combatamos la violencia de género y al mismo tiempo dejamos a los violentos reinsertarse educando a nuestros jóvenes. La primera condición para que alguien pueda reinsertarse es manifestar arrepentimiento y mi ex jamás lo hizo, ni pidió disculpas nunca». « Esto tiene que cambiar », remacha Lucía.