El Supremo pide al fiscal general que se busque un abogado y deja para más adelante la decisión de intervenir sus correos
El instructor Ángel Hurtado solicita a Álvaro García Ortiz que designe un abogado y un procurador y no decide por ahora si debe intervenir sus correos personales como pide la pareja de Isabel Díaz Ayuso
La pareja de Ayuso pide al Supremo que acceda al email personal del fiscal general del Estado
El juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha pedido al fiscal general que designe un abogado y un procurador para poder defenderse como investigado en la causa por revelación de secretos. El magistrado instructor también explica que decidirá más adelante sobre las diligencias que han pedido las acusaciones, entre otras la intervención de su correo electrónico personal solicitada por la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
El instructor de la causa explica que la otra investigada, la fiscal Pilar Rodríguez, está siendo defendida por la Abogacía del Estado pero Álvaro García Ortiz, añade, todavía no ha designado su defensa y pide que lo haga antes de seguir adelante con la causa. También pregunta a las acusaciones populares si estarían dispuestas a concurrir bajo una única dirección letrada y, finalmente, explica que decidirá más adelante sobre las diligencias a poner en marcha. Además de la intervención de los correos, el pseudosindicato Manos Limpias ha pedido que García Ortiz sea suspendido cautelarmente de sus funciones.
Se trata del primer movimiento del juez Ángel Hurtado después de que la Sala de lo Penal del Supremo decidiera abrir una causa penal contra el fiscal general e investigar si Álvaro García Ortiz intervino en la supuesta filtración de los correos que la defensa de Alberto González Amador cruzó con el fiscal Julián Salto. En un primer momento la causa arrancó en el Tribunal Superior de Madrid para indagar en si un comunicado que emitió la Fiscalía sobre el caso había revelado información confidencial, pero el Supremo decidió reconducir las diligencias hacia el fiscal general por la filtración de esos emails.
El comunicado, con el que la Fiscalía de Madrid buscaba combatir el bulo de que el pacto que había ofrecido el empresario para reconocer sus delitos fiscales y evitar la cárcel había partido del Ministerio Público y había sido frenado “desde arriba”, fue el primer objeto de la investigación. Según la pareja de Ayuso, ese comunicado reveló datos confidenciales de sus negociaciones con la Fiscalía que perjudicaron a su derecho a la defensa. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid nunca comprobó si el comunicado reproducía datos ya publicados en los medios pero llamó a declarar a varios fiscales y trabajadores de la Fiscalía para saber quién había dado la orden de emitirlo.
La investigación no sirvió para demostrar el carácter delictivo del comunicado pero sí para saber la hora a la que el fiscal general exigió al fiscal Julián Salto los correos que había cruzado con el abogado de la pareja de Ayuso. Un dato que para el Supremo ha sido suficiente para abrir una nueva derivada y dirigir sus pesquisas contra Álvaro García Ortiz y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.