El PP y Vox se desentienden en València de una familia colombiana con dos hijos que vive en una furgoneta: "Nos dicen que nos vayamos"

Mauricio llegó a València el pasado 20 de octubre junto a su mujer y sus hijos de 7 y 8 años con su furgoneta y sus enseres personales. Arquitecto de profesión, huyó de Colombia hace tres años al estar amenazado de muerte por los paramilitares y recaló en un primer momento en Málaga, donde solicitó asilo, lo que le permitió tener permiso de trabajo y de residencia y trabajar en el mundo de la obra, desde peón en un primer momento hasta incluso encargado.

Tras lograr reunir unos ahorros, trajo a su mujer y a sus hijos de Colombia y se trasladó primero a Ávila en busca de mayor oferta de vivienda y más económica y posteriormente a Pamplona. En ambos casos tuvo problemas para alojarse en una casa por lo que tuvo que tirar de hostales. Los ahorros se fueron acabando y finalmente se puso en contacto con Cruz Roja, organización que les ayudó a encontrar alojamiento en Huesca. Allí se alojaron en una vivienda de la Fundación APIP-ACAM dedicada a la atención residencial a personas vulnerables en una casa compartida con otras 40 personas. Al mismo tiempo, se le deniega la petición de asilo, por lo que, según Mauricio, aunque ha recurrido, automáticamente se le dio de baja del padrón.

En medio de todo este lío administrativo, deciden trasladarse a València: “Se trata de una ciudad mucho más grande donde pensamos que podemos tener más oportunidades laborales para sacar adelante a mi familia. Además necesitaba sacar a mi mujer de ese entorno, tiene problemas psiquiátricos debido a toda esta situación, estuvo seis meses ingresada y le han dado una invalidez del 49%”.

A su llegada a València, se alojaron en su propia furgoneta poniendo un colchón hinchable en la parte trasera para los niños esperando encontrar algo de ayuda y un trabajo para mejorar su situación. Sin embargo, la maraña jurídica sobre su petición de asilo y la sorprendente respuesta de los servicios sociales del Ayuntamiento de València está complicando su situación en plena DANA: “Gracias a una entrevista que nos hicieron la semana pasada en el diario Levante-EMV sobre nuestra situación, el Ayuntamiento nos proporcionó un alojamiento de emergencia en un hostal del 25 al 28 de octubre, según nos dijeron, como prevención por las previsiones meteorológicas. Pero este lunes nos dijeron que teníamos que irnos, justo ahora que empeora el clima”.

Sobre los motivos del desalojo, ha explicado que los servicios sociales municipales les han dicho que no pueden hacer nada porque no están empadronados en València, sino en Huesca, y que por lo tanto lo que tienen que hacer es volver allí, incluso les dijeron que fueron unos “irresponsables” al irse de allí y venir a València.

Según Mauricio, “al quedarnos fuera del programa de asilo en teoría no deberíamos de estar empadronados, pero no entendemos que sea un impedimento para ofrecer ayuda de emergencia cuando tenemos a dos menores durmiendo en una furgoneta en la que por cierto entra algo de agua cuando llueve; estamos desesperados, pero seguiremos aquí hasta que encontremos otra cosa, no podemos hacer más”.

Según diversas organizaciones no gubernamentales consultadas por este diario, ni en la ley de servicios sociales ni en las ayudas de emergencia de la Generalitat Valenciana se establece que las personas beneficiarias tengan que estar empadronadas y de hecho afirman que se han concedido ayudas a personas no empadronadas en muchas ocasiones. Estas entidades han afirmado que recientemente sí les han llegado casos de personas a las que les están exigiendo seis meses de empadronamiento, algo que debe responder a instrucciones internas, pero que no estaría regulado por escrito.

Bronca política entre PP y PSPV

El PSPV-PSOE denunció este martes la situación de “abandono y desamparo” de la familia colombiana con dos niños menores de edad que se ha visto obligada a vivir en una furgoneta en plena calle en la ciudad de València y censuró que el Ayuntamiento sea “incapaz de atender” esta emergencia “muy grave”.

El portavoz socialista en el consistorio, Borja Sanjuán, lamentó que esta familia en situación de “extrema vulnerabilidad” no haya sido atendida por los servicios municipales en “plena alerta climatológica” y pese a que “se han puesto en contacto con ellos”, algo que ha considerado “inconcebible”.

Sanjuán destacó que las formas en las que ha sido contestada esta familia “no son maneras de tratar a personas que duermen en la calle” e instó a la alcaldesa, María José Catalá, a “interesarse por ello” para que esta familia “no acabe el día durmiendo en una furgoneta”. “La dignidad de una ciudad se mide en cómo responde ante estos casos, no es una cuestión partidista, sino de mera humanidad”, expresó.

Por su parte, la concejala de Servicios Sociales, Marta Torrado, indicó que desde el Ayuntamiento de València “siempre” están dispuestos a atender a “cualquier persona que llega a nuestra ciudad” porque las competencias de los ayuntamientos “hablan de la urgencia”, aunque especificó que este caso concreto se trata de una familia empadronada en Huesca, con dos niños pequeños “con obligatoriedad de escolarizarlos” y con el padre “con un trabajo” en esta ciudad.

Por ello, ha manifestado “no entender cómo sin decir nada” al Ayuntamiento de Huesca, al Gobierno de Aragón y al de España “decidieron unilateralmente, sin informar a nadie, venir a nuestra ciudad”. Pese a ello, aseguró que el Ayuntamiento de València, por “razones de urgencia y humanidad”, atendió a esta familia “los primeros días”, pero recalcó que en Huesca “les están reclamando porque tienen la obligatoriedad de escolarizar a los dos menores” al estar empadronados allí.

Por lo tanto, argumentó Torrado, el Ayuntamiento de València no puede proporcionarles “ninguna ayuda de emergencia”, dado que el “primer requisito” para ello es, “lógicamente”, que estén empadronados en la ciudad. Además, la edil indicó que desde el consistorio mantienen conversaciones con la familia para que regresen a Huesca y, “a partir de allí, se les pueda continuar con esa ayuda”, al tiempo que instó al Gobierno de España a “asumir sus competencias en materia de protección”.

Los socialistas aseguraron que habían puesto en conocimiento del Defensor del Menor y el Síndic de Greuges esta situación porque “no es la primera vez que València es noticia por abandonar a familias en la calle”. “El abandono del CAI y el recorte de plazas de atención de emergencia por el cierre de recursos está llevando al colapso los servicios sociales de la ciudad”, advirtieron, al tiempo que calificaron de “vergonzosa” la gestión del PP.