Los planes y dudas del Gobierno y la intimación por carta documento

La decisión de intervenir la Casa de Moneda Argentina es solo un paso formal para avanzar con el objetivo final que el gobierno de Javier Milei prepara para este organismo del Estado. Hasta ayer, esta decisión no había sido formalizada por el Ejecutivo, aunque el vocero Manuel Adorni se ocupó de confirmarla en su conferencia de prensa matutina en Casa Rosada y anticipar que pronto habría más novedades. En respuesta, uno de los cuatro gremios que representan a sus trabajadores le envió una carta documento a las autoridades.

"Se dispuso la intervención por 180 días. Su interventor va a ser el doctor Pedro Daniel Cavagnaro, quien hoy está trabajando en la renovación de los de las contrataciones que, por supuesto, había asumido la entidad", anunció Manuel Adorni. Y adelantó que podría haber novedades en las próximas horas, que el objetivo que persiguen desde Casa Rosada es volver "más eficiente" la gestión de CMA.

Fuente del Gobierno confirmaron a El Cronista que hoy la meta es disolver el organismo y sus funciones siguiendo el "esquema AFIP". En otras palabras, acotar sus funciones a un cúmulo de tareas específicas y reducir su estructura, luego de cancelarle el contrato que mantenía con el Banco Central de la República Argentina para la impresión de billetes de $1000 y $2000 y la decisión previa de impedirle competir por la licitación de los billetes de $20.000.

"Se dejan de emitir billetes de $ 2000. Obviamente un sinsentido heredado por la gestión anterior que se negaba a emitir billetes de mayor denominación acorde a la inflación que nos dejaron o que estábamos transitando en aquel momento del 211% el año pasado y lo que se nos venía encima si esta gente seguía gobernando la Argentina", expresó el vocero presidencia. "Nos parece que la emisión de billetes de baja denominación no tiene ningún sentido por una relación costo beneficio", añadió el vocero.

No obstante, la duda legal en el equipo libertario pasaba por la posibilidad real que tiene el Ejecutivo de cerrar el organismo creado por ley del Congreso, si pretendiera hacerlo, o transferir su función principal. En la ley 21.622, la CMA se creó como Sociedad del Estado con la misión de "fabricar el dinero circulante, especies valoradas, instrumentos de control y recaudación y documentación especial que requiera el Estado Nacional". 

Siendo que le cabe al Congreso la decisión de "establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda, así como otros bancos nacionales" acorde al artículo 75, la duda que se planteaban puertas adentro es cuánto podría avanzar el Ejecutivo sobre esa cuestión sin atropellar la letra de la Constitución.

Al momento, el grueso de la impresión de los billetes de $1000 y $2000 se estaba realizando en la planta que Casa de Moneda tiene en Don Torcuato, en la vieja sede de Ciccone Calcográfica. Tras lo cual se dispuso la licencia de las y los trabajadores involucrados en ese proceso, No obstante, las máquinas seguían operando para imprimir las patentes, otra de las tareas a las que se dedican sus imprentas pese a que también en eso se busca avanzar hacia una reforma con la digitalización que empuja el Ministerio de Justicia. "Pero eso va a tomar muchos años", afirmó una fuente del Gobierno.

Semanas atrás, dirigentes de los gremios que representan al plantel de CMA detallaron a El Cronista que en la sede central no se podía realizar la impresión completa de los billetes -que se realiza en series- dado que nunca se ensambló una maquinaria adquirida como parte de un proceso de modernización de la planta durante la gestión anterior. 

Si bien el presidente designado por la gestión libertaria, Daniel Méndez, había asegurado que se utilizarían los fondos de la licitación de los billetes de $20.000 con tal fin, eso finalmente no ocurrió porque CMA no pudo participar por disposición del BCRA y el contrato quedó para una empresa china.

"Al personal, se informa que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) nos ha comunicado su decisión de rescindir los contratos de denominación $1000 y $2000 que se encuentran vigentes al día de la fecha con Casa de Moneda", rezaba el escueto mensaje que distribuyeron el lunes las autoridades del organismo entre el plantel. "A partir de esta decisión se procederá a detener, a partir de las 22, todos los procesos productivos referentes a la fabricación de billetes", añadió.

En consecuencia, "a todo el personal afectado exclusivamente a dicha actividad productiva, se le dará curso a la utilización de los períodos vacacionales que tengan disponibles". 

Desde el Sindicato Federación Gráfica Bonaerense catalogaron la decisión del Gobierno como "práctica desleal" por no notificar de forma oportuna al gremio como representante gremial de las y los 200 trabajadores afectados por la medida, además de la ejecución compulsiva de los días de descanso pendientes sin establecer a "qué período correspondería". 

Luego de una reunión con los funcionarios a cargo y ante la falta de precisiones, enviaron una carta documento a los responsables de Casa de Moneda exigiendo que informen sobre las acciones administrativas o judiciales a efectos de evitar la rescisión de contratos aludidos en la comunicación del BCRA además de notificar de manera formal las licencias con la antelación exigida por ley, el pago anticipado de las mismas y la cancelación de salarios devengados entre la fecha y los días anteriores al goce de esas vacaciones.

Asimismo, con la firma del secretario de Organización de la Federación, Mario Abraham, se reclamó que se informe sobre las políticas a implementarse para "el mantenimiento de la mano de obra especializada a los efectos de la preservación de la totalidad de los puestos de trabajo en el marco de la reconversión productiva a los fines del cumplimiento de la Ley 21.622 de creación de la Casa de Moneda". 

Todo esto sujeto -advirtieron- a tomar las medidas gremiales y acciones legales correspondientes en caso de producirse "situaciones de conflicto en el marco del desenvolvimiento de las relaciones laborales" ante la "persistencia de las conductas descriptas y otras violaciones a la normativa vigente".

En Casa de la Moneda confluyen otros tres gremios además de los gráficos. Se trata de la Asociación del Personal de Economía y Hacienda (APEH) y los dos estatales mayoritarios, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), con mayor presencia en la Casa Central de la CMD. Se esperaba una reunión para coordinar acciones.

"Nos dejan con todos los insumos comprados", indicó una referente de ATE, al responder la consulta de El Cronista. "Tenemos máquinas de última tecnología acá y tenemos miedo de que las vendan o regalen", completó, ante la versión no confirmada aún de forma oficial que el Gobierno pretendería tercerizar la impresión en otros países, tal como sucedió con los billetes de $20.000. También acusan un vaciamiento encubierto, aunque desde el Gobierno, al menos de manera extraoficial, señalaron que no está previsto vender los inmuebles de CMA al menos en una primera etapa.

Hace alrededor de un mes, circuló la primera versión de que el Gobierno preparaba el cierre de al menos otros cinco o seis organismos o empresas del Estado, y uno de ellos era la Casa de Moneda. Entonces, desde la administración libertaria habían sugerido que las funciones que cumplía, principalmente la impresión de billetes, "se licitarán" con empresas privadas.

Unos días después, Adorni informó que "el Gobierno Nacional va a avanzar con la disolución de la Compañía de Valores Sudamericana", la ex Ciccone Calcográfica. Tras su estatización en 2012, la Compañía de Valores Sudamericana (CVS) pasó a ser administrada por CMA, por lo que las funciones de ambas se reorganizarán.

A comienzos de septiembre, el Gobierno ya había licitado la impresión de 540 millones de billetes de $20.000 que, por primera vez, no tuvieron a la Casa de Moneda como responsable directo o indirecto mediante la tercerización del contrato, como ocurría en el pasado. Curiosamente, la gestión, a cargo de Méndez -cercano al ministro de Economía, Luis Caputo- había informado a las y los trabajadores de CMA que aguardaban por esa adjudicación del Banco Central para refinanciar al organismo, cosa que no ocurrió.

La decisión política de excluir a la Casa de Moneda de la licitación quedó plasmada en la respuesta que las propias autoridades del organismo dirigieron a los representantes de la UPCN ante la interpelación del gremio. "En referencia a la licitación para la provisión de billetes de $20.0tA/, les informamos que el BCRA por una decisión de su Directorio y de acuerdo a lo que su reglamento establece dispuso no invitar a CMA como potencial oferente", puntualizaron en una carta fechada el 24 de septiembre con la firma del propio Méndez, presidente de CMA.

En consecuencia, el titular del organismo remarcó que presentaron dos notas sucesivas informando acerca de la "capacidad productiva e interés en ofertar, pero no se consiguió revertir esa decisión". 

Las autoridades designadas por el gobierno de Javier Milei aclararon también que nunca dispusieron de los fondos necesarios para finalizar la instalación del equipo de impresión calcográfica y su planta de efluentes en Retiro y que todos "los aportes que se recibieron del Gobierno Nacional estuvieron dedicados exclusivamente a poner nuevamente en funcionamiento las plantas, importar billetes ya fabricados en el exterior, y pagar los salarios".

Fuentes de la Casa de Moneda explicaron a El Cronista que su puesta en funcionamiento no solo le hubiera dado la capacidad al organismo de cumplir con el contrato licitado en septiembre pasado sino que hasta le hubiera permitido completar toda la línea de producción de manera autónoma, duplicando su capacidad operatoria.

En la actualidad, la planta de Don Torcuato también cuenta con dos máquinas de impresión adquiridas por la administración del Frente de Todos como parte de un plan de modernización técnica del organismo puesto en marcha hace tres años.  Pero la sede de Retiro debe desdoblar las dos etapas de impresión con la planta hermana. 

Las denuncias de ATE y UPCN respecto a la situación de las y los trabajadores de la Casa de Moneda se repiten desde el arranque de la gestión libertaria que prometió reducir el plantel apuntando primero a los contratos renovables y luego, tras la sanción de la Ley Bases, al sector de planta permanente. En el caso del organismo en cuestión, quienes ingresan a su plantillan quedan efectivos automáticamente al cabo de los tres meses acorde al convenio 214 que rige su funcionamiento.

Así y todo, según denuncian los gremios, los despidos se sucedieron a razón de 15 o 20 por mes en una plantilla total de 1200 puestos entre Retiro y Don Torcuato. Hace un mes, incluso, las autoridades anunciaron que cerraban, a partir del 20 de diciembre, el jardín-guardería "La Monedita" con el que contaban las y los trabajadores que asistían a la planta. Esta semana notificaron a las maestras por carta documento, otro movimiento que, a la luz de las últimas noticias, preanunciaba el proceso de cierre al que se encamina el organismo.

A su llegada al organismo con la venia de Caputo, Méndez había dicho en primer término que la meta era reactivar la Casa de Moneda, para lo cual esperaban contar con el contrato del Banco Central, circunstancia que luego no sucedió. Luego la CMA formó parte de aquellas empresas estatales que ingresaron y salieron de la nómina de firmas a privatizar en las sucesivas versiones de la Ley Bases. 

"Nunca en la historia se hizo una licitación por fuera de Casa de Moneda. En todo caso se tercerizaba pero no hacia contratación directa apartándonos del proceso por completo", comentó a El Cronista una autoridad del organismo. "Sabíamos que había una idea de avanzar en esta dirección pero la difusión de la noticia nos dejó en shock. Así y todo, acá nadie informó todavía nada de manera oficial", coincidió un vocero de los estatales.

La Casa de Moneda es una empresa pública, industrial y comercial, dependiente del Ministerio de Economía, que funciona desde 1875. "Es parte esencial de la historia económica del país, siendo responsable de la emisión y acuñación de nuestro signo monetario nacional, sellos postales y estampillas fiscales entre otros objetos valorados", se sostiene en su página web oficial.