El comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Adrián Alcalá, aseguró que el presunto mal uso de tarjetas corporativas que se hizo por parte de anteriores comisionados se dio en el pasado y que ninguno de los actuales integrantes del pleno participó en esos actos.Incluso, recordó que hoy esas tarjetas están canceladas y nadie hace uso de ellas.Por su parte, la comisionada Julieta del Río pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que solicite los documentos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para conocer de primera mano las denuncias sobre presuntos actos de corrupción que se han presentado en el organismo y las investigaciones que se han hecho al respecto.En sesión pública del pleno del INAI, los cuatro comisionados expusieron un planteamiento en respuesta a las declaraciones y señalamientos que se hicieron contra el institutodurante la conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum.“Sobre los señalamientos de presuntos actos de corrupción, es importante también mencionar que ninguna de las personas comisionadas que actualmente encabezamos la institución ha sido imputada ante dichos señalamientos”, dijo Alcalá.“Se han atendido y se siguen atendiendo todas las observaciones y recomendaciones que han sido emitidas por la ASF, así como también por el órgano interno de control de este instituto y, en caso de que se corroboraren esos señalamientos por las autoridades competentes, deberán de fincarse las responsabilidades correspondientes a las o los servidores públicos que resulten responsables e incluso a las y los ex servidores públicos que así se determine”, afirmó el comisionado presidente.“El presunto mal uso (de tarjetas corporativas) corresponde a tiempos previos a la integración actual de este pleno y son hechos que actualmente continúan en investigación”, aseguró.Además, dijo que los pagos por el arrendamiento del edificio sede del INAI son públicos desde 2014 en un micrositio de la página institucional del organismo.En su oportunidad, la comisionada Del Río reveló que aunque ninguno de los actuales comisionados tramitó algún juicio de amparo en contra de la reducción de sus salarios, que se ajustaron a las normas de austeridad del gobierno federal, sí hay 11 servidores públicos de alto mando que promovieron amparos contra dicha disposición.“En la tarjeta que se le envió a la Secretaría de Gobernación se dice que ninguno de los cuatro comisionados se ha amparado, es cierto, pero sí hay 11 servidores públicos de alto nivel en este instituto que están amparados; si queremos avanzar en el diálogo, tenemos que ser sinceros y decir la verdad y no darle vuelta”, advirtió la comisionada.Además, dijo que desde su llegada en 2020, ella denunció ante la ASF las supuestas extorsiones, por parte de comisionados, a empleados del INAI para conservar sus plazas, que, dijo, era vox populi.“Esta presunta red de extorsiones a trabajadoras y trabajadores del INAI y estos hechos ya los tienen la Auditoría y también, personal de este instituto han ido a declarar; no debemos de permitir jamás ningún tipo de abuso ni acoso a lo más valioso que tiene esta institución, que es su personal”, expresó.Aseguró que se tienen indicios de que esos presuntos abusos sucedían desde 2014.Del Río también cuestionó que se haya clasificado como reservada la información relacionada con los gastos de la tarjeta American Express que hizo el ex comisionado, Oscar Guerra Ford, en un centro nocturno.“Yo creo que no debió de haberse clasificado, en su momento, esa información porque entonces se hacen cosas buenas que parecen malas, no debió de clasificarse”, dijo Del Río.La comisionada Josefina Román agradeció a la presidenta Sheinbaum que en sus declaraciones haya abierto la posibilidad de respetar la independencia técnica de algunas áreas del instituto, en particular la de Protección de Datos Personales.“No me queda más que agradecer a la señora presidenta que estén mirando realmente cuáles son las obligaciones del Estado mexicano en el ámbito de documentos internacionales que son vinculantes e insistir que, especialmente, en el tema de protección de datos personales, cuando se hace el tratamiento por particulares se requiere especialización, se requiere autonomía y cumplir una serie de compromisos internacionales”, manifestó Román. Por su parte, la comisionada Blanca Lilia Ibarra aseguró que durante su gestión como presidenta del organismo siempre colaboró en las auditorías que se hicieron al instituto.“Desde mi ingreso como comisionada y, en su momento en mi calidad de comisionada presidenta, siempre instruí que el personal colaborara con las auditorías e investigaciones que han llevado a cabo y que realizan, tanto el órgano interno de control como la ASF; en todos los casos, deben de seguirse los procedimientos para deslindar las responsabilidades que correspondan, la casa de la transparencia debe ser un ejemplo de una institución sujeta al escrutinio público”, expresó.Ibarra consideró que el diálogo con el gobierno federal debe permanecer para que la evolución del INAI sea progresiva.“Las reformas deben siempre atender, considero, el principio de progresividad, reconocido en el artículo primero de la Constitución; el diálogo tiende puentes y disuelve ideas equivocadas”, afirmó.IOGE
