La Unión Tranviaria Automotor (UTA) decidió suspender el paro previsto para el jueves 31 de octubre, tras firmar un acuerdo salarial con las cámaras empresarias y el Gobierno nacional. Según el acta del acuerdo, se estableció una serie de aumentos escalonados en los haberes de los conductores de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que eleva el salario básico de noviembre a $1.140.000, cifra que ascenderá a $1.200.000 en enero de 2025. Este pacto asegura, de momento, la continuidad de los servicios de colectivos en la región, aunque con condiciones.
En las cláusulas firmadas, se incluyen también incrementos en viáticos diarios y una revisión salarial prevista para enero de 2025, cuando las partes evaluarán nuevamente los salarios en función del poder adquisitivo. Sin embargo, la estabilidad de este acuerdo queda marcada por su carácter condicional: en la última parte del acta, las cámaras empresarias dejaron en claro que cumplirán los términos acordados únicamente si el Gobierno efectúa una serie de medidas clave en términos de financiamiento y subsidios.
La representación empresaria sostuvo que "la totalidad de los compromisos asumidos" dependerá de que el Ministerio de Economía y la Secretaría de Transporte aprueben la "nueva estructura de costos" y destinen los fondos necesarios. Además, condicionaron la viabilidad de una gratificación extraordinaria a los resultados de la recaudación del sistema de tarjetas SUBE. Esta dependencia de las obligaciones gubernamentales genera un alto nivel de incertidumbre sobre la implementación completa del acuerdo.
Desde el sindicato, en cambio, se afirmó que los aumentos salariales "no pueden estar sujetos a condicionamiento alguno", señalando la importancia de que estos incrementos tengan carácter alimentario, y cuestionaron la posición de las empresas al supeditar el cumplimiento a la gestión de los subsidios estatales.
Otro aspecto clave y polémico del acuerdo es la inclusión de las denominadas contribuciones solidarias, que representan un 2% del salario de los trabajadores y se destinan a financiar actividades sindicales. Este aporte será descontado automáticamente y está dirigido tanto a los afiliados a UTA como a aquellos empleados no afiliados, a quienes también se les aplicará la retención. A pesar de la intención inicial del gobierno de Javier Milei de eliminar este tipo de contribuciones en el marco de la reforma laboral, la medida quedó fuera de las leyes base aprobadas, permitiendo que los sindicatos mantengan esta fuente de ingresos.
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