Supremacía

La reforma en proceso de aprobación en el Congreso que les otorga preeminencia sobre la Corte y el Poder Judicial en cuanto al rubro específico de reformas constitucionales, nulifica en los hechos, la independencia del Poder Judicial, la categoría como Tribunal Constitucional de la Corte y sienta las bases para que este movimiento político, hoy en el poder, pueda hacer con el país lo que se le dé la gana.

Se acaba, en los hechos a la hora de aprobar la mentada supremacía, el contrapeso establecido en la Constitución y en el diseño republicano de nuestra Patria.

Las y los morenistas en el Congreso, arrebatados por este frenesí destructivo de los contrapesos y del control absoluto sobre todas las instituciones del Estado mexicano, están a segundos de atropellar el último bastión jurídico de defensa de la ciudadanía, la ley y los derechos establecidos en nuestra Carta Magna.

Se acabó. Arrasaron con todo, son los amos y se autoproclaman los representantes del pueblo.

¿Y los otros? ¿los muchos millones de mexicanos que no votaron por Morena?

En los tiempos de la transición democrática se construyeron y establecieron —en buena medida por impulso y voto de los entonces partidos de izquierda— una serie de instituciones para garantizar derechos, libertades, contrapesos.

Justamente, por ello, por aquel PRI mayoritario y después las victorias del PAN dejaban a muchos mexicanos fuera. La Corte, el INAI, el INE —hoy en revuelta por impugnar precisamente esos actos autoritarios— la CNDH, el Tribunal Electoral, el Ifetel, la COFECE y muchos otros, fueron creados para proteger a la ciudadanía, para garantizar “piso parejo”, para proteger los datos y las identidades personales y el acceso a la siempre secreta información del gobierno.

¿Por qué se hizo y se gastó en todo esto? Porque los mexicanos necesitamos mecanismos de control y rendición de cuentas para aplicar a los que ganan y se hacen gobierno.

Morena no ganó en las urnas. Todo se ha ido apropiando gradualmente desde el 2018.

No ganó la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en sus manos, sometida y desdibujada desde entonces.

No ganaron tampoco ninguno de estos organismos autónomos, hoy en peligro de desaparecer por la guadaña morenista, retardataria y antidemocrática.

Pero no ganaron —sobre todo— porque no se elegía y no se debe elegir en las urnas a los representantes del poder judicial. Pierden objetividad, pierden independencia, se vuelven empleados del gobierno y, peor aún, del partido.

Sheinbaum miente pero no se engaña, porque es inteligente, y aunque repita las sandeces de su antecesor, no puede creer que los jueces a modo, elegidos por un comité de incondicionales y activistas de su movimiento, arrojarán una mejor y más profunda administración de la justicia. Es mentira. Tendrán empleados, recomendados, compadres, convertidos en jueces y magistrados, al servicio del poder.

La supremacía del Congreso nulifica a la Corte como tribunal constitucional. La convierte en una suerte de oficialía de partes, que revisará y votará los asuntos que les sean indicados.

Ningún Congreso en el mundo, otra mentira que repiten —incluida la presidenta al decir que la Corte está legislando— escribe las leyes, las promulga y vota, para luego interpretarlas y aplicarlas. Son facultades distintas en el diseño francés posrevolucionario. Una República divide sus poderes y facultades, para evitar absolutismos.

Por eso me parece doblemente hipócrita que un movimiento de supuesta izquierda, la pregonada convicción progresista de derechos y libertades, aniquile precisamente esos derechos y contrapesos al poder autocrático.

La Revolución Cubana —extensión de la rusa— instaló en el poder regímenes absolutistas, represores, censores, controladores absolutos de las libertades y los derechos.

Nicaragua hoy está gobernada —trágicamente— por un individuo y su familia que provienen de la revolución sandinista y se han instalado con base en restringir libertades y derechos de sus ciudadanos.

Cuando elevamos la voz de alarma en México, es porque no queremos terminar como Venezuela, con un Tribunal Supremo que avala el fraude del gobierno en las urnas, precisamente porque los magistrados fueron colocados ahí por el gobierno.

Ese parece ser nuestro destino, cuando borran a la Corte, despiden a los jueces y se autoproclaman “supremos” en materia constitucional.

¿A qué le suena?

Vivimos una regresión democrática, donde los legisladores hacen leyes para destruir otras anteriores y se autoproclaman defensores de la “Constitución”. ¡Vaya descaro!

Soy el defensor de lo que violó, atropelló, pisoteó y destruyó, para luego tener una nueva ley contradictoria y llena de errores.

La supremacía no es democrática. No es republicana, ni tampoco busca los equilibrios entre el enorme poder del gobierno y el minúsculo del ciudadano —aunque digan que ellos los representan—. ¿Y a los muchos millones de mexicanos que no representan? ¿para esos también son gobierno? ¿O solo de los suyos?

Hoy son los supremos. Adiós Poder Judicial, adiós contrapesos, adiós democracia.

Venga el absolutismo morenista, tan aplaudido como hipócrita.