La Abogacía del Estado arropa al fiscal general y lo defenderá ante el Supremo
El Tribunal Supremo (TS) pidió este pasado miércoles al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que nombrase un abogado y un procurador para representarle en la causa que instruye contra él por relevación de secretos por su presunta responsabilidad en la difusión de datos reservados y privados del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador.
La Sala de lo Penal le requirió para ello al no constar "representación alguna" y le dio un plazo de cinco días para confirmar quien asumirá su defensa en el procedimiento que se investiga si fue quien ordenó publicar un comunicado para aclarar la negociación que el abogado de la pareja de Díaz Ayuso estaba llevando a cabo con la Fiscalía de Madrid de cara a lograr un acuerdo de conformidad en un caso de fraude fiscal
El TS, donde está aforado y que es el único órgano judicial competente para juzgarle, le imputó el pasado 16 de octubre al apreciar indicios de que con esa actuación habría podido ocasionar un "perjuicio al derecho de defensa" del empresario.
Finalmente, será la Abogacía del Estado quien asuma la representación legal de García Ortiz en esta investigación judicial en su contra, según ha podido confirmar LA RAZÓN con fuentes cercanas a la Fiscalía General del Estado.
Por tanto, en el plazo de los próximos cuatro días remitirán al alto tribunal un escrito para dejar constancia de que será un abogado del Estado el que ejercerá su defensa.
Al igual que ocurre con la otra imputada, la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, como confirmó el propio magistrado del Supremo Ángel Luis Hurtado en el auto del miércoles al reflejar que "está representada por la Abogacía del Estado".
Esta fiscal no está aforada en el alto tribunal y fue imputada por presuntamente ser quien facilitó la información de la negociación del Ministerio Público con el empresario para que, admitiendo este haber defraudado 350.000 en dos años a través del Impuesto de Sociedades, evitase una pena de cárcel.
El comunicado que informó públicamente de las conversaciones entre la defensa de González Amador y el fiscal de delitos económicos Julián Salto salió, precisamente, de la Fiscalía de Madrid, aunque, posteriormente, García Ortiz asumió toda la "responsabilidad última" de su publicación.
Las pesquisas por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) siguiendo instrucciones del magistrado Hurtado siguen avanzando, después del registro del despacho de García Ortiz en la sede de la Fiscalía General del Estado, situada en el número 4 de la madrileña calle de Fortuny. Durante la entrada y registro se incautaron de los dispositivos del fiscal general y se recabó el contenido de los mails que habría recibido y enviado desde su cuenta de correo electrónico.