Radios de afectación de los molinos delimitados con claridad, aprovechamiento de las áreas en las que ya existe impacto visual para realizar repotenciaciones, o inspecciones periódicas de la Xunta para monitorizar y extender la vida útil de los eólicos. El presidente de la asociación Ventonoso, José Antonio Diéguez, han comparecido este jueves en rueda de prensa con el representante sindical de Unións Agrarias, Jacobo Feijóo, para presentar estas y otras medidas como propuestas de mejora del plan sectorial eólico de la Xunta, para el que esperan que «no se utilice un rodillo, sino que se consensúe con los agentes sociales». De entre las modificaciones que el Ejecutivo autonómico prevé aprobar en el ámbito, todas a través de la ley de acompañamiento a los Orzamentos de 2025, una cuestión que «preocupa mucho» al sector es la de las distancias, con respecto a los molinos, que se consideran afectadas por su presencia. Diéguez ha advertido que, si bien se fija un mínimo de cinco veces la altura de los aparatos, esta especificación solo afecta al suelo de núcleo rural delimitado; y que, de unas 30.000 aldeas en toda Galicia, «solo unas 13.000 están delimitadas», dejando al resto «fuera de la protección». En estos casos, se plantea un radio de 200 metros y la Xunta «añade [distancia] por el ruido que generen», pero el presidente de Ventonoso considera que «no fijar claramente una distancia» es «preocupante» y «puede generar inseguridad jurídica». Buscando evitar escenarios en los que «vecinos denuncian ruidos», propone establecer el radio en 500 metros, «una distancia prudente». Al hilo, ha recordado que las líneas del plan no contemplan el 'efecto sombra' que causan los aerogeneradores. Pero una parte central de su demanda está en los procesos de repotenciación, dirigidos a reacondicionar y modernizar los molinos más antiguos para alargar su vida útil. Tanto Diéguez como Feijóo han rechazado su obligatoriedad para los aparatos de más de 25 años y han propuesto que, en su lugar, se desempeñe una «inspección técnica» periódica por parte de la Xunta, lo que creen que también evitaría un «berenjenal jurídico» al Gobierno gallego. Ambos concuerdan con la necesidad de «reducir» la cantidad de eólicos, pero consideran que «no todos» deben ser sustituidos tras un cuarto de siglo. En su comparecencia, han tachado de «excesiva» la meta de disminuir su número en un 80% –algo, de por sí, «bastante complicado», debido a la falta de un «aparato de tanta potencia»– y han planteado «aprovechar» las zonas en las que ya hay parques implantados y que, por tanto, ya sufren un impacto visual para realizar en ellas las repotenciaciones. Apuntaron a «duplicar o triplicar energía en donde ya están» los molinos, de modo que «se evitaría poner [aerogeneradores] en zonas nuevas». Con la «excepción» de Red Natura, un entorno que deberá «irse vaciando» de eólicos, recoge Ep. Al final, ha insistido en que se modifique el canon eólico para que empiece a cobrar por potencia instalada y no por aerogenerador, algo que desde su asociación llevan «años diciendo»; y cuestionó «el reparto [de fondos] que se está produciendo ahora», de tres de cada cuatro partes para la Xunta y una para los concellos, según sus datos: «Creemos que debe ser un reparto más justo a los ayuntamientos, como mínimo el 50%».
