Con una cifra de muertos creciente, que ya supera largamente los 150; con decenas de desaparecidos, buscados incansablemente por familias y cuerpos policiales ; con pueblos arrasados por miles de toneladas de barro, con las ruinas de edificios y puentes y con miles de coches apilados en sus calles; con decenas de miles de personas sin agua y sin luz; con efectos devastadores en territorios de varias comunidades autónomas; con saqueos y decenas de detenidos, en un espectáculo vergonzoso para una sociedad europea y desarrollada, ¿dónde está el Estado? ¿Quién está al frente de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas?, ¿quién tiene la potestad constitucional de valorar y si es necesario decretar el estado de alarma en la Comunidad Valenciana?, ¿quién tiene la potestad, al amparo de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, de requerir la colaboración obligatoria de ciudadanos y empresas para hacer frente a situaciones de emergencia?, ¿qué autoridades son competentes sobre infraestructuras esenciales como la A-3, la A-7, el AVE, la red de Cercanías o el aeropuerto de Valencia? La respuesta no admite dudas: el Gobierno central. No puede ser el presidente valenciano, Carlos Mazón, la autoridad responsable de coordinar todos los medios humanos y materiales que requiere la respuesta a la DANA que hace ya setenta y dos horas arrasó Valencia y zonas aledañas, y otras comunidades autónomas. Mazón y su administración tendrán que dar, cuando corresponda, las explicaciones sobre el funcionamiento y la eficacia del sistema autonómico de alertas en estos días trágicos. Pero la movilización del Estado no tiene que esperar a petición alguna de Mazón, por ejemplo, para desplegar unidades del Ejército, asumir las competencias nacionales de protección civil o acordar las medidas jurídicas necesarias para intervenir de forma directa sobre el terreno, sin excusas competenciales. Tan presto que fue el Gobierno de Pedro Sánchez en imponer un estado de alarma solo para la Comunidad de Madrid a cuenta de una oleada de Covid-19 y ahora titubea ante la DANA de Valencia, que es la ocasión de tomar las riendas y comportarse como el responsable político del país, ante lo que claramente es una emergencia con repercusiones de ámbito nacional. El Ejecutivo central no puede actuar como un espectador de la tragedia, ni como un facilitador de favores a la Generalitat valenciana. No tiene que ofrecer ayuda, sino asumir sus obligaciones de manera inaplazable, porque es la autoridad competente, en exclusiva, sobre capítulos esenciales de esta tragedia. La responsabilidad legal y política del Gobierno de Pedro Sánchez es restaurar las líneas del AVE en un plazo razonable, que no es el de tres o más semanas que ha anunciado Óscar Puente. Un plazo que se va a meses en lo que se refiere a la red de Cercanías. Algo impropio de un país desarrollado. Y lo mismo con las grandes autovías que conectan el Levante con el centro del país y el Mediterráneo, de norte a sur. No solo se trata de recuperar una mínima normalidad en el transporte por carretera y ferroviario, sino también de minimizar en la zona afectada un golpe económico que sin duda va a lastrar su desarrollo de forma grave durante mucho tiempo. Por supuesto, las aseguradoras deben estar a la altura de la crisis de empresas y familias y propiciar una diligente ejecución de las coberturas previstas en sus pólizas de crédito. Las dimensiones de la tragedia emplazan, por decirlo gráficamente, a una respuesta militar. Las Fuerzas Armadas tienen la capacidad de despliegue de maquinaria y de especialistas como la que precisan carreteras, pueblos y ciudadanos. La encomiable labor de rescate realizada por la Unidad Militar de Emergencia (UME) debe dar paso a una ingente tarea de limpieza, reparación y reapertura de infraestructuras de transporte y de comunicación, aunque sea provisional, para lo que solo está preparado el Ejército , como lo demostró en Madrid con la tormenta Filomena. La medida de la respuesta la resumió el Rey Felipe VI, al poner a disposición del Ministerio del Interior su servicio de seguridad, y a la del Ministerio de Defensa, la Guardia Real, sobre la que Su Majestad ostenta el mando directo. No es momento de contentarse con anuncios simbólicos, sino de ser eficaz y de demostrar que el poder que corresponde al Gobierno central se tiene para ejercerlo, no para disfrutarlo, ni para exhibirlo. El Estado debe aparecer masivamente en Valencia y en las demás regiones afectadas por la DANA.
