La Policía Local de Maracena deja de proteger a las víctimas de violencia machista por discrepancias con el ayuntamiento

Maracena , un municipio muy próximo a Granada con más de 22.000 habitantes, no deja de salir a la palestra. Lo hace muy frecuentemente por razones políticas y es la que está precisamente detrás de una decisión adoptada por la Policía Local: no va a prestar más labores de vigilancia y protección de víctimas de violencia machista por discrepancias con el equipo de gobierno, al que achacan «falta de medios y de compromiso», así como haber adoptado «decisiones de carácter ideológico». En Maracena, las elecciones municipales de mayo de 2023 dejaron un panorama muy fraccionado. El PSOE fue el partido más votado pero finalmente la alcaldía recayó en el PP, que unió sus seis concesjales a los dos de Vox, a los dos de Quiero Maracena y al de Maracena Conecta 23. El popular Julio Pérez comanda un cuatripartito con dos fuerzas localistas. Una situación complicada. La falta de encuentro es evidente, a tenor de los comunicados de unos y otros. La Policía Local dice que la unidad de violencia de género «está desmantelada», por lo que se ven «obligados» a rechazar el formar parte de la unidad específica llamada Viogén, y el ayuntamiento responde reprochando al cuerpo local de seguridad que «renuncie» a dar protección a las víctimas. Están de acuerdo en un punto: faltan medios materiales y humanos . Pero el consistorio sostiene que esa misma situación se ha venido produciendo durante los últimos 16 años, con gobierno del PSOE, y «nunca se dejó de prestar ese servicio a un colectivo tan vulnerable de la sociedad». El servicio, no obstante, no dejará de darse. El ayuntamiento ya ha avisado a la Guardia Civil de Maracena para que se haga cadrgo del mismo y ha recibido una respuesta afirmativa. «El servicio estará totalmente cubierto y queremos tranquilizar a todas las víctimas», ha asegurado en una nota. Los policías locales no quieren quedar como los malos de la película. Inciden en que no es una decisión caprichosa sino derivada del «clima de incertidumbre e ineficacia en la gestión de la Concejalía de Seguridad», pero también a los mencionados motivos políticos, como «la intención de incorporar a agentes de dudosa reputación y afines políticamente a la concejalía dirigida por Vox« y »la pretensión de privatizar parte del servicio de seguridad pública a través de vigilantes de seguridad que ejercerían sus servicios en espacios públicos«.