Hacienda transferirá más fondos para comprar el 7% restante previsto en Telefónica

Justo tras el anuncio el pasado lunes de la vuelta del Estado al accionariado de Telefónica con la compra de un 3,04% a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el Gobierno no quiso dar explicaciones. «No vamos a hacer comentarios», fue todo lo que quisieron decir desde el organismo público. Ante tal hermetismo, medios, inversores y accionistas empezaron a elucubrar, por lo que esta mañana, la vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Hacienda, María Jesús Montero , se sintió obligada a aclarar parte de cómo se realizó la operación, ya que la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, se limitó ayer a informar solo de que confirmaba la intención de subir al 10%. «Hemos hecho la transferencia a la SEPI (para la compra del 3,04% del accionariado de la compañía, ya efectuada) y así lo seguiremos haciendo con los presupuestos prorrogados (hasta alcanzar el 10% previsto)», remarcó en una entrevista en RNE. A precios de mercado del día de la compra, el paquete accionarial de 175 millones de acciones supuso un valor de 698 millones de euros. La acción de Telefónica cerró a 3,99 euros. Por tanto, la adquisición del otro 7% restante , con el mismo precio de cierre en Bolsa (hasta completar el 10%) tendría un coste de unos 1.400 millones de euros adicional. Ahora bien, la acción de la operadora está desde entonces por encima de los 4 euros, lo que encarecería la factura para la SEPI si siguiera en esa línea. «En el día de ayer (por el martes), subió la acción de Telefónica y eso significa que el mercado lo ha visto con buenos ojos. Y es curioso que después de aclarar por parte del Gobierno que seguiremos hasta completar este 10% –tras las declaraciones de Alegría – hubo un repunte en la cotización de la acción. Por tanto, vamos en la dirección correcta», apuntó la vicepresidenta. En el momento de la intervención de la portavoz del Gobierno, sobre las 12.45 horas, las acciones de la operadora se situaban en los 3,99 euros, si bien a partir de las 13.00 horas la cotización de la teleco se disparó hasta el entorno de los 4,07 euros, hasta finalizar la sesión en 4,063 euros. La participación podría ser ya del 5% El camino hacia alcanzar ese 10% que tiene como mandato la SEPI está, pues, confirmado. No obstante, la entidad pública, dependiente del Ministerio de Hacienda, tendría aparcado otro 2% más en derivados financieros . Según fuentes del mercado consultadas por EP, la intención del Ejecutivo es aflorar «en breve» ese 2% adicional depositado en un 'swap' y situar la participación del Estado en la compañía en el 5%. Un peso en el capital social de la operadora que ya se asemeja al que ostentan sus otros dos accionistas de referencia : Caixabank (con la suma de la participación de CriteriaCaixa) y BBVA. Por ello, quedaría por aclarar si con esta importante participación, el Estado podría ya reclamar un puesto en el consejo de Telefónica en línea con los representantes que tienen La Caixa y BBVA. Recordar que Telefónica celebrará el 12 de abril su próxima junta general de accionistas , en la cual se prevé, según figura en el orden del día de la misma, la «reelección, ratificación y nombramiento, en su caso, de consejeros». Difícil reclamar ya un consejero El reglamento de la junta de Telefónica estipula que los accionistas que representen al menos un 3% del capital social de la empresa pueden solicitar un complemento a la convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día, si bien no podrían ser modificaciones que implicasen nombrar consejeros. Sin embargo, esa petición debe realizarse dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria, y ese plazo ya ha expirado debido a que la convocatoria se publicó el pasado 8 de marzo, por lo que la junta no podrá nombrar consejeros distintos a los que ya figuren en la propuesta de acuerdos del orden del día. Quedarían otras dos opciones , pero muy poco ortodoxas. Por un lado, se podría forzar en la junta una votación sobre la confianza en un consejero en concreto, que llevara a su destitución y permitiera al consejo llenar ese hueco, que tendría que ser ratificado después en una nueva junta de accionistas. Y, por último, ampliar el consejo, lo que iría en contra de los códigos de buen gobierno, que consideran que tener más de 15 integrantes dificulta la operatividad del órgano.